La Jornada.
Ciudad de México. El proceso de investigación en contra de Javier Duarte debe incluir no sólo los delitos por corrupción y delincuencia organizada, sino también considerar la actuación y responsabilidades del ex mandatario estatal de Veracruz en los temas de desapariciones forzadas, homicidios y desapariciones de periodistas, la existencia de numerosas fosas clandestinas y las irregularidades cometidas por autoridades de gobierno en fosas comunes localizadas en la entidad.
En un pronunciamiento, las organizaciones, activistas y académicos que integran la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, pidieron además que las pesquisas por corrupción trascienda la acusación meramente individual, y para esclarecer las redes familiares, de funciones locales y federales, con quienes se coludió para realizar millonario desvío del presupuesto público.
De esta forma, la Plataforma considera que los delitos por los que se le requiere su extradición de Guatemala por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, son insuficientes.
Recordó que sólo en el caso de las desapariciones forzadas, las cifras oficiales señalan al menos 2 mil 500 personas desaparecidas en el estado de Veracruz, muchas de las cuales pudieron ser victimadas por integrantes de las Policías Estatal y Municipales.
“A lo largo de su gobierno sucedieron numerosas desapariciones sin que existiera una acción clara para esclarecerlas y, sobre todo, detenerlas. Dado que el gobernador es el último responsable de las instituciones de seguridad, se debe investigar su posible responsabilidad en los cientos de desaparecidos”, se señala.
El pronunciamiento está suscrito, entre otras organizaciones por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); los centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Miguel Agustín Pro Juárez, Victoria Diez, y Fray Juan de Larios; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), así como pormla Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y Plataforma Internacional contra la Impunidad (Centroamérica).
Entre los activistas y académicos que integran la Plataforma que suscriben el texto están
Abel Barrera; Alejandro Anaya, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Carlos Peralta, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Daniel Urrutia, Juez internacional integrante de la Red Iberoamericana de Jueces-REDIJ; Edgar Cortez, defensor de derechos humanos; Juan Carlos Gutiérrez, defensor de derechos humanos, y Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
