Por: Uriel Pérez García
La libertad y los derechos humanos no están sometidos a voluntad o capricho de unos cuantos, sino está garantizado por la aplicación estricta del Estado de Derecho.
El sábado veintisiete de mayo, la violencia nuevamente se manifestó en un atentado directo contra las instituciones, pero sobre todo contra los derechos fundamentales de las y los ciudadanos del municipio de Santa María Xadani, donde se desarrolla el proceso extraordinario para elegir a sus autoridades municipales el próximo domingo cuatro de junio.
Es totalmente reprobable e inadmisible que a través de acciones violentas se busque la desestabilización y el beneficio de intereses personales por encima de la paz y tranquilidad que merece la ciudadanía.
Está claro que es a través del diálogo y la generación de acuerdos como se deben dirimir las diferencias en toda sociedad que se jacte de ser civilizada. Sin embargo, para lograr estas condiciones es indispensable la voluntad y corresponsabilidad de todos los actores involucrados: autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales); partidos políticos, ciudadanía e instituciones del Estado.
En este sentido vale la pena apelar nuevamente a la corresponsabilidad de los diferentes actores para que su actuación se ciña en el marco legal y democrático. Por una parte tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, como el Instituto Nacional Electoral, tienen la obligación de realizar todos los actos inherentes a la preparación de la elección, para que la ciudadanía ejerza ese derecho fundamental de votar y ser votado.
Por otra parte las instancias encargadas de la gobernabilidad y la seguridad pública, están llamadas también a asumir su responsabilidad de garantizar que por ningún motivo se transgreda el marco legal e institucional. No se trata de realizar elecciones “militarizadas”, pero sí de realizar todas las acciones necesarias para que ninguna persona o grupo atente contra la ciudadanía a través de la violencia, como ocurrió el pasado sábado.
Sin embargo es imprescindible que los partidos políticos, desde las dirigencias estatales, comités municipales, hasta militantes y simpatizantes se conduzcan con total respeto a los valores democráticos y que todas las inconformidades las hagan valer a través de las autoridades jurisdiccionales o instancias correspondientes; es decir, todo por los causes institucionales, ya que recurrir a la violencia solo muestra la falta de capacidad para poder procesar estas diferencias por la vía civilizada.
Al final del día es lamentable que por no asumir esta responsabilidad que le toca a cada quien, se siga afectando a toda una comunidad que necesita de autoridades constitucionalmente electas y que atiendan al reclamo de la ciudadanía para la satisfacción de los servicios básicos del municipio.
Infortunadamente si alguno de los actores involucrados no hace su parte, no se podrá tener resultados satisfactorios, sino por el contrario, se continuará vulnerando derechos humanos a costa de lo que a todas luces se constituye en delitos de orden penal como es la agresión y en el caso concreto el impedir el desarrollo de un proceso electoral.
Sería un mal mensaje declarar que no existen condiciones para llevar a cabo la jornada electoral el próximo domingo, pero también sería muy lamentable que ese día se exacerbe la violencia. Como suele suceder en estos contextos, las autoridades electorales suelen quedar en medio de esta encrucijada. No se trata de forzar una elección, pero tampoco de dejar de hacer lo que nos toca por intereses ajenos al interés común.
De lo que se trata es de aplicar la ley, por lo tanto, el llamado es para que se proceda a través de las denuncias correspondientes, y se sancione de forma ejemplar a quien cometa cualquier acción que ponga en riesgo la integridad física de funcionarios electorales, ciudadanos y ciudadanas, ya que solo así se dará el mensaje claro y contundente que la libertad y los derechos humanos no están sometidos a voluntad o capricho de unos cuantos, sino está garantizado por la aplicación estricta del Estado de Derecho.
