Detrás de la Noticia: Urgente y vital la protección de los periodistas oaxaqueños

0
356

Positiva y trascendente la reunión del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, y comunicadores de otras organizaciones hermanas, con el Coordinador General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, Alfonso Martínez Córdoba, preparatoria de una reunión general con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para proteger la vida y la integridad física de los periodistas oaxaqueños.

Con toda dignidad expresamos como presidentes del Foro nuestro apoyo y solidaridad al Gobierno de Alejandro Murat, así como nuestro compromiso de sumar esfuerzos y conjuntar voluntades en beneficio del interés general de los oaxaqueños, bajo la premisa si le va bien a Alejandro Murat le va bien a los oaxaqueños en general.

Reiteradamente hemos repetido hasta el cansancio que hoy, menos que nunca, se puede, pero no se debe gobernar, ni administrar la cosa pública, mucho menos hacer política sin una estrecha alianza con los medios de comunicación. Éstos, son los ojos y oídos de pueblo y gobierno.

Al margen de siglas y protagonismos, se puso de manifiesto que la mejor forma de buscar la unión del gremio periodístico es a través de la capacitación, a fin de fortalecer la profesionalización de los periodistas y comunicadores, sobre todo, cuando el nuevo Sistema Nacional de Justicia Penal obliga a cambiar el enfoque de la información para respetar los derechos humanos.

El Coordinador de la Defensa de los Derechos Humanos del Foro, Juan Maldonado Vargas, manifestó al funcionario que durante los últimos 10 años, las agresiones de periodistas se han incrementado por ello muchos organismos locales, Nacionales e Internacionales, han emitido recomendaciones, pronunciamientos, relatorías, sobre las diferentes agresiones que se han dado.

Oaxaca ocupa el deshonroso segundo lugar a nivel nacional de Agresiones a Periodistas, cometido por elementos de Seguridad Pública Municipal, Estatal y Autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, ante la falta de aplicación de la Ley, atentando siempre contra la Libre Manifestación de Ideas, Pensamiento y de Opinión.

Ante esta cruda realidad, el Coordinador General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, Alfonso Martínez Córdoba, se comprometió a informar al Gobernador Alejandro Murat y a buscar los mecanismos gubernamentales para que las corporaciones policíacas estatales y municipales, así como las propias autoridades municipales respeten y protejan a los periodistas y comunicadores.

Maldonado Vargas recordó que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado en su desarrollo jurisprudencial las dimensiones del contenido del Derecho a la Libertad de Expresión y sus límites, así como la prohibición de la censura previa. Los Límites a la libertad de expresión deben hacerse valer a través de la atribución de responsabilidades.

La Corte Ha destacado también su valor instrumental, al subrayar que se trata de un Derecho Indispensable para la formación de la opinión pública. El pleno y seguro ejercicio de la Libertad de Expresión forma parte del interés público y origina una conexión entre el derecho individual y el sistema político, por ello la Importancia Fundamental de darle seguimiento a las agresiones a los periodistas y medios de comunicación, para evitar un año a la Libertad de Expresión, pues ante la verdad, todos debemos contribuir para beneficio de la Sociedad.

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL INTERÉS PÚBLICO CONSTITUYE UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN PRIVADA”.

“Sostener que la divulgación de cualquier información veraz está amparada por la libertad de expresión equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la intimidad, toda vez que en la medida en la que los hechos en cuestión fueran verdaderos los medios de comunicación estarían en libertad de publicarlos. En este sentido, el interés público es la causa de justificación más relevante en los casos donde entran en conflicto libertad de información y derecho a la intimidad. Así, la identificación de un interés público en la difusión de información íntima actualizará una causa de justificación al estar en presencia del ejercicio legítimo de la libertad de información”.

Ante las constantes agresiones a los periodistas y medios de comunicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha emitido diferentes recomendaciones, a efecto de generar acciones y políticas públicas, para evitar se sigan cometiendo las Agresiones a los Periodistas, todas en su conjunto buscan generar un esquema de Protección y Seguridad Jurídica, en el ejercicio de la Libertad de Expresión y sus Periodistas.

Recomendación General No.7, de la CNDH., Sobre las violaciones a la Libertad de Expresión de periodistas o comunicadores, de fecha 9 de agosto del 2004.

Recomendación General No. 17, de la CNDH., Sobre los casos de Agresiones a Periodistas y la Impunidad Prevaleciente. De fecha 19 de Agosto de 2009.

Recomendación General No. 20, de la CNDH., Sobre Agravios a Periodistas en México y la Impunidad Imperante, de fecha 15 de agosto de 2013.

Recomendación General No. 24 de la CNDH., Sobre el Ejercicio de la Libertad de Expresión en México, de fecha 8 de febrero de 2016

“Como acertadamente lo establece la recomendación 24, en su rubro: 164. Por lo anterior se requiere fortalecer una política pública que permita investigar y sancionar de manera eficiente a los responsables de los agravios que sufren los comunicadores, sean o no agentes estatales. De esta forma, el estado resulta también responsable al omitir llevar cabo una investigación diligente de los delitos cometidos en contra de periodistas y comunicadores”.

A la omisión por parte de las Autoridades de los diversos niveles de gobierno al no cumplir con las Recomendaciones, en paralelo se han incrementado las agresiones.

Por ello la necesidad de implementar acciones de Política Pública, no como un grupo vulnerable o especial o de privilegios, si como un grupo que ayuda y contribuye al fortalecimiento de la Democracia, por la importancia que representa la creación difusión, organización, distribución de la información como un ente de transparencia, de contraloría social, para denunciar las irregularidades y violaciones que se cometen.

Juan Maldonado Vargas puntualizó ante el Coordinador General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo “los periodistas y comunicadores no somos enemigos de nadie, solo buscamos los elementos, herramientas y lineamientos necesarios para cumplir con la misión de generar e informar a la sociedad”.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su Artículo: 3 establece: “La manifestación de las ideas, no será objeto de ninguna inquisición Judicial o Administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantiza por el Estado”.

En consecuencia, es inviolable la Libertad de Escribir y Publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limite que el respeto a la vida privada, a la ley y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse a la imprenta o cualquier otro medio que haya servido para hacer la impresión, como instrumento del delito.

Lo que se traduce de manera general, el Derecho de Manifestar libremente las ideas y reconoce el derecho de expresar, difundirla y publicarlas sin importar los diferentes medios. Actividad que realizan los diferentes medios de comunicación y en especial los periodistas, como es la Radio, Televisión e Internet, siendo vitales para el desarrollo de la Sociedad en su relación en el Bien Público.

Sin embargo, diariamente los periodistas y comunicadores corren riesgos en la cobertura y trasmisión de la noticia desde las agresiones físicas, morales y subjetivas como las amenazas e intimidación e incluso padecer diferentes daños a sus instrumentos de trabajo, aunado a esto los vicios y lagunas de la normatividad jurídica contribuyen rotundamente en limitar el mandato constitucional de la Libertad de Expresión, pero sobre todo en negarle a la sociedad el Derecho que tiene de ser informada.