Rafael García Zavaleta.
Decía en el 2007 en una de sus interesantes conferencias el académico Miguel Carbonell, que para abatir la corrupción en el poder judicial, es necesario capacitar éticamente a los jueces y abogados y que un avance en este sentido fue la expedición del código de ética del Poder Judicial Federal, “… no resuelven todo, que en esto no hay que ser ingenuos, que un código de ética no resuelve y que con ello se vaya a quitar la corrupción, pero ayuda…”; sin el ánimo de contradecir lo manifestado por el académico, ayer mismo me llamó la atención el encabezado de una nota: Magistrados, “casta divina”, denuncian trabajadores del CJF.
Sinceramente, me provocó una agradable emoción que al fin un grupo de trabajadores del Poder Judicial Federal en San Luis Potosí, haya protestado y se haya revelado contra la violación a sus derechos laborales y humanos, mientras los jueces, magistrados y sobre todo Ministros, sigan disfrutando de ingresos, sobre todo estos últimos, por su “trabajo jurisdiccional” a favor de los intereses de los que rematan a México, como fue el caso de la negación del amparo promovido contra Pemex para que esta empresa estatal pague el daño civil provocado a los campesinos ejidatarios que sufrieron daños en sus tierras por derrames de productos derramados de los ductos perforados por huachicoleros, pero que la responsabilidad es de la empresa Pemex de proveer la vigilancia en sus instalaciones, actividad que no hace eficientemente porque están involucrados en la organización criminal que roba el producto.
Retomando el asunto de la protesta de trabajadores, les decía, me provocó una emoción agradable, pero inmediatamente me provocó también una preocupación, porque en este país, la persona que manifiesta sus inconformidades, que encabeza una protesta real y no “arreglada” como las que orquestan los “líderes sociales” que lo que pretenden con sus protestas es solo obtener una cantidad periódica de dinero, que cuando se acaban lo que les dieron, luego vienen por más, los que realmente protestan por causas justificadas como es el caso de los trabajadores del Poder Judicial Federal y los de los estados de la federación, quienes encabezan con toda seguridad, sufrirán las consecuencias por atentar contra esa “casta divina” como bien los definen en la cabeza de la nota periodística referida, esa casta integrada por los ministros y sus familiares que pareciera que el conocimiento jurídico se tratara de un bien que se hereda, que les alcanza para ser jueces y magistrados, porque los hijos, sobrinos, ahijados, amantes del sexo opuesto o del mismo sexo de los ministros y magistrados, están laborando en los mejores puestos del poder judicial, con salarios desbordantes y faltos de toda ética, pisotean y se burlan de la austeridad este miserable grupo de criminales organizados que explota a este país y se ostenta como gobierno.
Los ministros son intocables en este país, mientras sangran el erario público, porque los montos multimillonarios y el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin revisar los ejercicios fiscales anteriores, solo el del presente año es específico por Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación 5,488.1 MDP Consejo de la Judicatura Federal 60,863.9 MDP Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3,125.3 MDP, integrando un total de 69,297.3 millones de pesos. Mientras los ministros perciben cientos de miles cada quincena, hay cerca de siete millones de mexicanos que ni siquiera tiene para comprar lo necesario para hacer por lo menos una comida al día. ¿Esto no hace un país desigual al extremo?
Pero retomando el asunto de los trabajadores “conflictivos” a quienes con seguridad los que encabezan esa protesta serán despedidos por “pérdida de la confianza”, esos, ojala se conviertan en la punta de lanza contra la corrupción, la violación a los derechos laborales y humanos y surjan más grupos de rebeldes con justa causa, ahora que es tiempo de que este país se transforme por la vía pacífica, porque si insisten, como lo comenté anteriormente, en hacer imposible la revolución pacífica, e inevitablemente llegara la revolución violenta, las cabezas de los ministros serán las primeras en rodar, por cínicos, insensibles, bribones y abusivos.
La corrupción en el Poder Judicial Federal es latente y evidente, pero ¿de qué ha servido denunciarla? Sigue la misma ruta que la denuncia una y otra vez de la corrupción en el Poder Ejecutivo Federal y de los Estados, que la corrupción denunciada en el Poder Judicial de todos y cada uno de los Estados de la Federación y de la corrupción en todos y cada uno de los Congresos o Cámaras de Diputados de los Estados de la Federación, así como en los ayuntamientos de los municipios a lo largo y ancho de este gran país, herido de muerte por sus corruptos hijos e hijas organizados en el cartel más importante del crimen organizado e incrustados en todos los partidos políticos.
De nada sirve denunciar, de nada sirve decir las cosas a tiempo, porque las instituciones de este país han sido mandadas al diablo por sus propios titulares y funcionarios de primer nivel, entonces qué podemos decir de los empleados menores que solo siguen el cauce de la corrupción.
Las medidas que se adoptan, se estrellan contra la falta total de ética, de moral y de buenos principios que han sido rebasados por la ambición, blindada por la impunidad, por lo que ahora ya no se vale denunciar, meterse con los jefes de los carteles de cuello blanco, porque te puede suceder lo que le sucedió a Rafael Pérez Gavilán, un homicidio encubierto y nunca investigado con agilidad por el corrupto e impune Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, o bien ser asesinado y quedar en la impunidad ese homicidio como le ha sucedido a tantos periodistas y columnistas, u homicidios impunes y nunca aclarados por décadas, como le sucedió al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo o a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que por el contrario, en lugar de que estuvieran en la cárcel por su indudable participación criminal, han sido premiados con nuevos y jugosos cargos, aunque hayan estado de una u otra forma involucrados en esos hechos criminales.
Decía que de nada sirve denunciar o decir las cosas a tiempo. Ya muchas voces lo han dicho y nada sucede por parte de las instituciones que han mandado al diablo su deber. Por ejemplo, se ha dicho que el Istmo oaxaqueño es la capital del trasiego y que en Salina Cruz está el jefe de la plaza, qué se ha hecho, qué esperan, más muertos, más sangre, o ¿quiénes son las cabezas protectoras de tan productivo negocio?
Es indudable, la descomposición institucional en este país da para escribir muchas páginas, por ahora, solo estuvimos en derredor… de aristas de la corrupción aderezadas con impunidad.
