Alfredo Martínez de Aguilar
Oaxaca de Juárez. Dicho está que cuando Dios y la vida da lo hace en abundancia. Nunca como ahora Rubén Vasconcelos Méndez puede cubrirse de gloria como Fiscal General del Estado de Oaxaca.
Sin ser simplista, simple y sencillamente basta que aplique sus dotes de excelente jugador de ajedrez para realizar una carambola de tres bandas, con efecto multiplicador de dominó.
Tras lograr lo impensable con la detención del impune ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, inhabilitado por 80 años, el Fiscal debe subir su mira hacia los “peces gordos”.
Si el Fiscal realmente quiere cumplir las recomendaciones del gobernador Alejandro Murat, de combatir la corrupción, debe enderezar sus baterías hacia los saqueadores del Seguro Popular.
Sus nombres son de sobra conocidos por todos, Salvador Monroy y Rogelio Hernández, ex directores del Seguro Popular, y el traficante de medicamentos, Juan José Álvarez Candiani.
Si integra de manera adecuada y oportuna, sustentada y motivada, conforme a derecho, la Carpeta de Investigación contra estos pillos, al atraparlos caerá Jorge Enrique Castillo Díaz.
Es un secreto a voces que la mano negra genialmente perversa que movió la cuna del saqueo
escandaloso del Gobierno de Oaxaca, es la del principal operador financiero de Gabino Cué.
Además, si el Fiscal General sigue la huella del dinero saqueado del Gobierno de Oaxaca dentro y fuera de México, las investigaciones finalmente conducirán al ex gobernador Gabino Cué.
Para conseguirlo, el doctor Vasconcelos cuenta con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado.
Afortunadamente, el Fiscal General del Estado tiene amplia experiencia en el nuevo Sistema de Justicia Penal al participar en su propuesta de elaboración desde la Secretaría de Gobernación.
Por tal motivo, el doctor en derecho Vasconcelos Méndez está doblemente obligado a cuidar escrupulosamente los derechos humanos de los saqueadores del Gobierno de Gabino Cué.
Sabe muy bien que debe cuidar especialmente la presunción de inocencia y el debido proceso de los probables corruptazos del sector salud y de esta forma evitar que se caiga el proceso.
A pesar que le negaron libertad bajo fianza por el riesgo de fugarse por la fortuna que dispone, hasta ahora Germán Tenorio se ha negado a acogerse a los beneficios como testigo protegido.
No es descartable que, conforme pasen los días y la depresión empiece hacer estragos emocionales en el ex secretario de Salud, éste esté dispuesto a denunciar a sus cómplices.
Como lo escribimos recientemente, particular relevancia tiene que el ex director de los Servicios de Salud de Oaxaca denuncie quién y por qué ejecutaron a Rafael Pérez Gavilán Escalante.
En el peor de los casos, si por temor o complicidad Tenorio no está dispuesto a denunciar a sus cómplices por salvar el pellejo, seguramente lo harán Salvador, Juan José, Rogelio o Jorge.
Salvo excepciones de honorables mafiosos dispuestos a permanecer encarcelados o, incluso, dispuestos a morir, la mayoría de los delincuentes de “cuello blanco” están dispuestos a hablar.
De ahí la trascendencia que el gobernador apoye las investigaciones del Fiscal en el combate a fondo de la corrupción, a efecto que éste cumpla su obligación legal de procurar justicia.
Es una gran oportunidad histórica y social que el Fiscal General del Estado y el gobernador Alejandro Murat, no deben desaprovechar para trascender positivamente en la historia.
Es su obligación constitucional. A ello se comprometieron al jurar laicamente cumplir y hacer cumplir la ley, pero al meter a la cárcel a los corruptos harán un gran servicio a Oaxaca.
Claro que no basta encarcelar a los saqueadores, la mayor sanción a aplicarles debe ser confiscarles el dinero, bienes muebles e inmuebles de su cuantiosa fortuna mal habida.
Con la extinción de dominio, el peor castigo es perder lo robado. Ahí están los ex gobernadores Guillermo Padrés de Sonora, Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo.
Hasta ahora, ciertamente, hay amargas y dolorosas experiencias que indiscutiblemente han sentado un precedente totalmente negativo, como en el caso de Bulmaro Rito Salinas.
El ex coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE) estuvo preso por más de un año en la Penitenciaría de Santa María Ixcotel.
Sin embargo, a Rito Salinas, uno de los principales operadores financieros del ex gobernador Ulises Ruiz, no se le decomisó su fortuna y hoy disfruta del dinero robado al pueblo de Oaxaca.
De poco o nada sirve al pueblo que solo se meta a la cárcel a los corruptos por algún tiempo y al final salgan libres con una elevada fianza, ya que el peculado no es delito grave en Oaxaca.
El Fiscal dijo que analizan las vías para ejercer acciones legales para que Germán Tenorio y otros ex funcionarios que enfrenten la justicia, reintegren los recursos públicos que desviaron.
Reiteró que irán por los “peces gordos” y otros delincuentes que cometieron otro tipo de delitos
y cuando encuentren delitos federales, se declinaran a la Procuraduría General de la República.
La facultad de atracción de la PGR por el delito de delincuencia organizada, es uno de los principales ases bajo la manga de la Fiscalía General y del gobierno de Alejandro Murat.
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer delitos graves.
Se incluyen delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.
La acción de la PGR facilitará la detención de Víctor Hugo de los Santos León, exdirector de Infraestructura de los SSO, y de Jorge Octaviano Holder Cruz, exdirector de Asuntos Jurídicos.
Otros imputados por la Fiscalía son, Rubén Portillo Mijangos, exdirector de Administración; Tito Carlos Rangel, ex jefe de la Unidad de Finanzas y del Departamento de Operación y Pago, hoy refugiado en el Gobierno de Puebla.
La PGR podrá detener a Juan José García Legaspi, ex encargado del Departamento de Proyectos, y Pedro Hernández Santiago, ex jefe del Departamento de Control e Inversión.
Germán Tenorio habrá, pues, de enfrentar el proceso penal en la cárcel, toda vez que el juez le negó la libertad bajo fianza para evitar que el exfuncionario se fugue y, además, de ir por la pena máxima de 9 años en prisión, se iniciarán procedimientos para confiscarle bienes.
@efektoaguila
