The Huffington Post
Ciudad de México. Ni la PGR, ni la CNDH han emitido una resolución sobre el asesinato de ocho civiles a manos de policías en la localidad de Oaxaca, por lo que las víctimas han apelado a instancias internacionales.
A un año de la matanza de Nochixtlán, Oaxaca, en que la Policía Federal asesinó a ocho personas durante las protestas del magisterio por la reforma educativa, el gobierno y las autoridades han arrojado poca luz del caso.
Esto, luego de que el 19 de junio de 2016 la Policía Federal abrió fuego contra civiles desarmados que bloquearon una carretera en protesta por la reforma educativa. Un hecho que fue documentado con una serie de fotografías y videos que evidenciaron el actuar de los cuerpos policiacos a nivel federal y estatal que participaron en la matanza.
“Se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo”, informó el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, al presentar ante la Cámara de Diputados un informe preliminar sobre los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Cámara de Diputados, en febrero pasado.
“Se requiere dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiacas, así como determinar lo relativo al uso de la fuerza”, agregó el ombudsman.
En días recientes a Policía Federal aseguró que publicará un Protocolo de Actuación sobre el uso de la Fuerza, en el que se definirán los métodos adecuados para utilizar determinado tipo de equipamiento, además de establecer en qué casos es indispensable respaldar en video y fotografía los operativos.
“En atención a los planteamientos de la CNDH y con el fin de fortalecer el respeto a las garantías individuales además de dar certeza jurídica al personal en el ejercicio de sus funciones”, señaló la Policía Federal en un comunicado.
De acuerdo con el expediente armado por la PGR, los únicos responsables señalados son un par de policías estatales no identificados. En dicha investigación, no se fincan responsabilidades contra policías federales ni los mandos que ordenaron disparar contra civiles desarmados.
A partir de ello, los familiares de las víctimas de Nochixtlán solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tipificar el caso como crimen de lesa humanidad, luego de que el abogado de las víctimas insiste en que la PGR intenta encubrir a funcionarios federales. Una solicitud que fue acogida por la CIDH, organismo que pidió medidas cautelares para los familiares de las víctimas.
“La PGR quiere eludir las declaraciones de los policías que están en el expediente y quiere vincular sólo a la Policía Estatal”, dijo Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogado de las víctimas, en entrevista con Proceso.
“Es un acuerdo intergubernamental, con el objetivo de diluir el problema y bajar la responsabilidad, lo que digo es que si en la mesa operativa estaban representantes del CISEN, Segob, Comisión Nacional de Seguridad y PF, la responsabilidad en términos de omisiones son mucho más altas, no pueden argumentar que un policía estatal incumplió los protocolos y disparó. No quieren que parezca como lo que es: un crimen de Estado”, agregó el abogado en marzo pasado.
Un acontecimiento que puso freno a la reforma educativa
“Es una reforma educativa que pareciera está agotada y no lo está, estamos en el proceso de implementarla y de llevarla a cabo, de hacerla realidad”, admitió el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo, en torno a los problemas que ha tenido el gobierno federal para implementar una de las reformas más importantes de su sexenio.
Pero los expertos en el sector educativo opinan lo contrario.
“En lo que toca al proceso educativo, la reforma no puede estar agotada porque no existe: sólo se cansa el que camina”, reviró el investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón, quien considera que la reforma educativa fue en realidad un instrumento de control político para someter al gremio docente.
“Cada día, durante 2016, la SEP gastó 2 millones 259 mil pesos en propagar, por todos los medios, la existencia, avance y éxito de la reforma eductiva”, agregó Gil Antón, al documentar los 398 contratos firmados por el el gobierno con distintas empresas para este propósito.
Una iniciativa que, al igual que el nuevo modelo educativo presentado en marzo pasado, carecen de viabilidad más allá del actual sexenio, según expertos.
“Empezó en 2012 y va a terminar en 2018. No solo porque dentro del fraude del proyecto educativo del gobierno de Peña Nieto está la idea de que el nuevo modelo educativo entra en vigor en 2018, es decir, cuando ya se van”, dijo Imanol Ordorika Sacristán, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ordorika añadió que la reforma educativa fue prácticamente dilapidada tras los acontecimientos de Nochixtlán, ya que no se vislumbra que dicho proyecto pueda sobrevivir más allá de la coyuntura electoral de 2018.
