La Jornada.
Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitir la convocatoria para la renovación de su dirigencia.
“En el término de tres días (la comisión nacional jurisdiccional de este partido) emita una nueva (resolución) en la que, a fin de garantizar los derechos de la militancia, se realicen los actos tendentes a la elaboración, emisión y publicación de la convocatoria para la elección de la dirigencia y representación del partido político, tomando en cuenta los plazos que establece la normativa partidista”, se indica en el resolutivo aprobado.
La respuesta unánime de los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF se deriva de un juicio promovido por Carlos Sotelo García y Rey Morales Sánchez, a fin de controvertir la resolución del Comité Ejecutivo Nacional y la mesa directiva del Consejo Nacional.
“Resulta imperioso que los órganos internos del partido político den continuidad al proceso de renovación iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional, en términos de los artículos 23 y 25 del Reglamento de Elecciones y Consultas”, se precisa en la conclusión.
En otro tema, los magistrados pidieron a la Sala Especializada de este Tribunal volver a analizar el contexto en el cual se dio la difusión de una entrevista que concedió, Ricardo Anaya, presidente del PAN, a una popular estación de radio.
Si bien la conversación pudo darse de manera espontánea, en el marco de la libertad de expresión, la repetición de la misma, a través de cápsulas, debe ser analizada, a fin de determinar si se violó la norma que prohíbe la adquisición de partidos políticos y candidatos de espacios en radio y televisión.
En tanto, al analizar una denuncia en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, rechazó los argumentos del PAN en el sentido de que el mandatario había incurrido en uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Aquí hubo un voto en contra, del magistrado Reyes rodríguez, pero el resto de los magistrados consideró inexistente la infracción atribuida al gobernador. Si bien se aceptó la existencia de propaganda gubernamental, “en ninguno de ellos se realiza promoción personalizada…los mensajes son de carácter institucional y con fines informativos”, se indica en la ponencia aprobada por mayoría.
