Oaxaca de Juárez. “La corrupción puede asumirse como un cáncer de la sociedad”, afirmó contundente el Dr. José Ernesto Ramírez López en la conferencia “El sistema nacional de fiscalización y el sistema nacional anticorrupción”, segundo de cinco encuentros programados para el foro “El Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”.
Organizado por la Máxima Casa de Estudios, a través de la Contraloría General y realizado en el auditorio de la Facultad de Medicina y Cirugía, el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, dijo que para la administración 2016-2020 resulta “sumamente importante la promoción de una cultura anticorrupción”, además de que se enmarca en su Plan Institucional de Desarrollo (PID) que rige su gestión en tres dimensiones:
Refirió los programas de calidad con respaldo de la evaluación a partir de planes nacionales, que permita posicionarlos académicamente a nivel nacional e internacional; cultura universitaria, fundamentada en la Responsabilidad Social y vinculada con la tercera que consiste en la modernización administrativa institucional con más transparencia, así como más eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos.
Subrayó que con estos foros se pretende la reorganizacion de la estructura con criterios de mayor eficiencia y más transparencia para trabajar con una nueva cultura de antiocorrupoción, no sólo en los funcionarios administrativos, sino de manera general para posicionar a la UABJO como una universidad moderna, eficiente, a la altura de los tiempos.
Por su parte, el contralor universitario, C.P.Hilarino Aragón Matías; el director de la Facultad de Medicina y Cirugía, Dr. Guilebaldo Cruz Cortés, y el Dr. José Ernesto Ramírez López, asesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hablaron del papel del contador y el contralor en este ejercicio de transparencia y rendicion de cuentas.
El representante de la BUAP felicitó a los representantes de la UABJO por tomar este tema tan relevante y su disposición por dar este gran paso que permite a la universidad adecuarse al sistema.
Señaló que el proceso no es optativo, sino obligatorio para las instituciones educativas que manejan recursos federalales; resaltó la gran responsabilidad a la que están sujetos los contralores, pues en ellos recae el peso y los obliga a evaluar los delitos que comenten los servidores públicos, siendo éstos los que determinan si la falta es grave para turnar el tema a los juzgados correspondientes.
Resaltó que este conjunto de ordenamientos inmersos en la Ley Anticorrupción se vienen agrupando para dar cabida a un nuevo modelo en el que los contadores tendrán un papel protagonico sobre los actos de corrupcion de los servidores publicos, defenderán la propuesta de transparencia y demandarán a los que hayan cometido un delito.
El Contralor pordrá definir si el delito es grave, a través de un catálogo de sanciones existente en la materia.
Esta ley en primera instancia tiene el objetivo de prevenir el enriquecimiento ilegal de los servidores publicos; por ello, es relevante realizar la declaración de intereses patrimoniales, previo a asumir el cargo, pues ya se cuenta con una plataforma donde aparecen todos los nombres de los funcionarios y sus respectivas propiedades económicas.
Este procedimiento legal entrará en vigor a partir del mes de julio próximo.
