Alfredo Martínez de Aguilar.
Oaxaca de Juárez. No cabe duda que los eternos en enemigos de Oaxaca dentro y fuera del Gobierno, de los Partidos Políticos y de las Cámaras y Organismos Empresariales, no tienen madre, son huérfanos.
Ah! Porque muchos empresarios, cuyos nombres son ampliamente conocidos, tampoco son ajenos a la destrucción de Oaxaca desde la década de los 70, hace ya casi medios siglo.
Al amparo del compañerismo de banca, de la amistad infantil, del compadrazgo, de la sociedad y, finalmente, de la complicidad, dichos empresarios han amasado cuantiosas fortunas.
En una acción hija de la chingada, que no tiene nombre, ahora resulta que para mantener aterrorizados a los oaxaqueños, resurgieron los bombazos en los cajeros bancarios.
Con gran sensibilidad, los medios locales advirtieron que, nuevamente la inseguridad se apoderó de la ciudad de Oaxaca, ya que la madrugada de este jueves fue vandalizado un cajero de Banorte, ubicado a un costado del estacionamiento del mercado de La Merced, sobre la calle de Morelos.
De acuerdo con los primeros informes de las corporaciones policíacas, desconocidos rompieron los cristales del local y arrojaron al parecer una bomba molotov en el interior. Hasta el momento no se ha confirmado si los presuntos delincuentes lograron apoderarse del dinero del cajero.
De acuerdo con los vecinos de la zona, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez no realiza rondines en la zona y los delitos se han incrementado de manera alarmante, por lo que pidieron al edil José Antonio Hernández Fraguas haga algo al respecto.
Esta última demanda deja entrever el probable móvil de los bombazos en cajeros bancarios: Aumentar la imagen de inseguridad en la capital oaxaqueña y culpar de ello al presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas ¡Tírenle a Toño!, es la consigna.
Usted cree que a los grupos financieros internacionales y nacionales, dueños de los bancos que funcionan en México, preocupan que destruyan sus cajeros, cuando están debidamente asegurados.
¿Importa a la familia de Don Maseco, Roberto González Barrera, dueños de Banorte, o a Roberto Hernández y Alfredo Harp, accionistas de Citibanamex, que quemen sus cajeros?
¡No, hombre! ¡Les vale madre! Menos importa a Carlos Slim, propietario de Banco Inbursa o a los accionistas de BBVA Bancomer. Por el contrario, les sirve para presionar al Gobierno.
A primera vista, pareciera que son acciones terroristas realizadas por los grupos armados que operan en la capital oaxaqueña, supuestos enemigos del capitalismo y del imperialismo yanqui.
No obstante, la presencia real de grupos guerrilleros y anarquistas en Oaxaca, tampoco hay que
descartar que en el pasado algunos actos terroristas fueron obra de operaciones policiales.
Indispensable es recuperar la memoria histórica y no olvidar que en el pasado, responsables de la política interior, jefes policíacos y vicegobernadores, sembraron el terror entre la población.
En poder de los organismos de inteligencia militar y civil están los “dossier” con nombres, pelos y señales de dichos personajes, quienes cuentan con nidos de escucha” para intervenir teléfonos.
En un Estado parapolicíaco como el mexicano, gracias a Dios aún no policíaco, los centros de poder nacional no ignoran la identidad de los autores intelectuales y materiales del terrorismo.
Es condenable que al utilizarles como instrumento de presión y chantaje político por los Gobiernos en turno, sin importar ideología ni color, se garantiza a estos grupos impunidad total.
A quienes lo duden por ingenuidad o complicidad, ahí está la impunidad de las organizaciones sociales radicales, CNTE, FPR, Comuna, FP-14 de Junio, CTM y Sindicato Libertad, entre otros.
Recientemente, los medios informaron que 31 organizaciones sociales y políticas en el estado desestabilizan la tranquilidad de la ciudadanía oaxaqueña con bloqueos y movilizaciones.
En primer lugar se encuentra la Sección 22 de la CNTE, según el censo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La segunda organización más conflictiva es el Sindicato Libertad seguida de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), además del Frente Popular 14 de Junio.
De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), publicado por el Diario Noticias, algunas de esas organizaciones son las siguientes:
Antorcha Campesina, dirigida por Gabriel Hernández García; Comuna Oaxaca, simpatizante de Morena, encabezada por César Mateos; y Frente Amplio de Lucha Popular, del PRD, liderada por Gervasio Eloy García.
Le siguen el Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), el Frente Nacional Indígena y Campesino-Lubizha, organización de izquierda, dirigida por Manuel López Pacheco, y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) de filiación priista, entre otras.
Posesión de tierras, desapariciones forzadas, instalación de proyectos mineros y eólicos, transporte y límites de tierras, son sólo algunas de las causas con las que organizaciones sociales tienen una bandera de protesta contra el gobierno estatal.
La Secretaría General de Gobierno (Segego) reconoce 40 conflictos agrarios de urgente solución, entre ellos el de San José Ixtapan con San Juan Quiahije, en el que el Frente Popular Revolucionario (FPR) asesora a uno de los grupos inconformes.
Por otra parte, entre las disputas de límites sobresalen el de la selva de los Chimalapas y los conflictos por invasiones que privan en la Sierra Sur, en especial entre los municipios de Amoltepec y Yucutindoó en el que el conflicto entre ambas comunidades ha dejado 21 decesos desde 1998.
Autoridades de Yucutindoó reciben asesoría de la organización Comuna, grupo dirigido por el fundador de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio.
Otro conflicto se da entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, considerado por la Segego como uno de los seis más álgidos dentro de los 40 que se encuentran activos en el estado de Oaxaca. En este caso también tiene participación Flavio Sosa; esta disputa ha sido llevado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otros más son los que sostienen Santa María y San Miguel Chimalapa; San Juan Mixtepec con Santo Domingo Yosoñama; San Francisco del Mar con San Francisco Ixhuatán. Además de San Pedro Mixtepec con Santa María Colotepec, y Cuilapam de Guerrero con San Pablo Cuatro Velados, en esas comunidades brinda asesoría Antorcha Campesina y la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).
Adicionalmente, las comunidades de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Cotzocón protagonizan disputas por la posesión y reconocimiento de una superficie de aproximadamente 4 mil 125 hectáreas.
La disputa entre San Andrés Chicahuaxtla y San Miguel del Progreso Tlaxiaco es otro conflicto que mantiene la atención de la administración, luego de que Chicahuaxtla denunció la destrucción de mojoneras por parte de comuneros de San Miguel del Progreso, así como invasión de tierras.
Mientras que en el conflicto agrario entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega, en el año 2012 se registró un enfrentamiento entre comuneros de Rancho Viejo, Sola de Vega y San Vicente Coatlán, con saldo de seis fallecidos y siete heridos.
Por su parte, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), así como las comunidades de Magdalena Teitipac y San José del Progreso, disputan la posesión de tierras que el gobierno federal utiliza para la instalación de hidroeléctricas y eólicas.
La Copuvo también está asesorando a las comunidades de Ocotlán en su lucha por la no instalación de minas extranjeras.
Autoridades de la Segego, indicaron que en la capital oaxaqueña y sus municipios conurbados los principales problemas que enfrentan son en materia de transporte, por la disputa de rutas principalmente entre el Sitio Libertad, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional de la Productividad (CNP).
