Sin que sea una respuesta simplista, por la simple y sencilla razón que el Estado Mexicano, a través del Gobierno federal priista y panista, se lo ha permitido en los últimos seis sexenios.

¿Y por qué aparentemente el Estado Mexicano, se da un balazo en el pie al permitirlo? Porque la CNTE es, en realidad, parte de una terrible simulación preñada de hipocresía, farsa y cinismo.

Es títere del Gobierno federal e instrumento de control del pueblo pobre. La existencia de la CNTE es resultado de una maniobra genialmente perversa del propio sistema político mexicano.

Está por demás dicho, sabido y comprobado a lo largo de la historia que la columna vertebral del sistema político mexicano es la corrupción y los dirigentes de la CNTE son corruptos.

Es parte de las amplísimas redes de complicidad y corrupción de la “mafia del poder” del PRIAN-gobierno, quienes buscan mantener al pueblo hundido en la ignorancia y la miseria.

La razón de la sinrazón es muy clara y llana: Un pueblo aniquilado por el círculo vicioso y perverso ignorancia-miseria-ignorancia, es más fácil de manipular que un pueblo educado.

Ello explica la complicidad de la CNTE con el PRIAN y las organizaciones político-sociales y los grupos armados que le apoyan, aunque apoyen a Manuel Andrés López Obrador.

No importa que los líderes históricos de la CNTE, se digan revolucionarios marxista-leninistas o de izquierda como MALO, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lo peor es que todos al final son cómplices del imperialismo yanqui y traidores a México. Un pueblo sin educación está condenado a la más rotunda explotación de sus gobiernos en turno.

Desde hace 37 años el Estado Mexicano ha sido puesto contra la pared por la CNTE porque, además, que lo permite olvida que enfrenta a enemigos fanáticos, mesiánicos, fundamentalistas.

La llegada al poder nacional de los arribistas y trepadores tecnócratas y de la “cofradía de la mano caída”, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, dinamitó las instituciones del país.

Uno de los mayores errores del Estado Mexicano y en consecuencia del Gobierno de Miguel de la Madrid, fue desmantelar los organismos de inteligencia civiles que eran sus ojos y oídos.

Indispensable es, por tanto, alertar al gobernador Alejandro Murat para que no se confunda y menos peque de ingenuo políticamente: la CNTE es maximalista y viene por todo o nada.

De poco ha servido que el gobernador Alejandro Murat mantengan un diálogo permanente con los dirigentes de la Sección XXII de la CNTE porque éstos no dejan de presionar y chantajear.

El Ejecutivo oaxaqueño y su gabinete político y de seguridad no debe perder de vista que, aliada con Morena y tras la derrota de López Obrador la CNTE busca incendiar Oaxaca en 2018.

El mandatario estatal tiene a su favor que los enemigos de Oaxaca y de los oaxaqueños son los mismos de siempre desde la fatídica década de los 70, ahora, la mayoría viejos y enfermos.

Asimismo, no ignora que todos traen el fierro del establo de alguno o más de uno de los ex gobernadores y que, consecuentemente, todos los conflictos conducen a los ex gobernadores.

Ahí está la familia mafiosa de Abraham Martínez Alavez y su hijo Eduardo Martínez Helmes, ambos ex rectores, quienes al lado de Leticia Mendoza Toro siguen explotando a la UABJO.

En plena decadencia el grave proceso de descomposición de la universidad pública está en poder del narcomenudismo a grado tal que, los porros mutaron a sicarios del crimen organizado.

No es casualidad que Heladio Ramírez López entregara todo el poder y el dinero del IEEPO a la Sección XXII de la CNTE y que impusiera como diputado federal a Abraham Martínez Alavez.

En la Sección XXII siguen manipulando a los trabajadores de la educación Erangelio Mendoza González y Rogelio Vargas Garfias de la UTE-FPR, entre otros, vinculados a grupos armados.

La solución práctica y pragmática es fácil y sencilla: Gobernar y aplicar la Ley con inteligencia y güevos sin negociar ésta a cambio de garantizar total impunidad de los delincuentes políticos.

El Fiscal Rubén Vasconcelos debe desempolvar las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión pendientes de ejecución contra dirigentes magisteriales y sociales, y hacerlas efectivas.

Y que el gobernador y el Fiscal no se asusten con el petate del muerto de ser acusados de represores porque, hoy más que nunca, es urgente rescatar el Estado de Derecho en Oaxaca.

Ambos servidores públicos garantizarán su pase a la historia con letras de oro, si cumplen su juramento laico de respetar y cumplir, y hacer respetar y cumplir la Constitución y sus leyes.

Recuperar confianza
en la Ley, es el reto

El gobernador Alejandro Murat aseguró que la entidad tiene grandes retos, pero la única manera de superarlos es teniendo claro el respeto y el diálogo constructivo, “sólo así se lograrán construir esos cimientos que por diversas razones en los últimos años se perdieron en la entidad”, expresó.

En el encuentro del Día del Abogado, que se celebra desde 1960 para reconocer la labor de los juristas, Murat Hinojosa convocó a los presentes a construir una sociedad más justa que genere las condiciones y la atmósfera que permita el avance exitoso de todos los sectores.

“Lo tengo claro como Gobernador, ese es uno de los primeros retos que tiene mi Administración. Los exhorto a que juntos, de la mano, construyamos una justicia cotidiana en que la sociedad confíe y le permita ver en el Estado de Derecho, la alternativa para transitar en el camino de la razón, el respeto, reflexión y el entendimiento”, señaló el Gobernador Alejandro Murat.

El mandatario estatal reconoció que en el tema de la justicia existe un gran reto. “En los últimos años se ha transitado en una línea gris, sin que exista claridad de cuándo hay que aplicar la ley, y cuándo se cae en la impunidad por no aplicarla. Es constante la exigencia ciudadana de los últimos años de que apliquemos la ley y el Estado de Derecho”.

El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció la creación de una Comisión que encabezará la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, contando con el acompañamiento de los Poderes Legislativo y Judicial, a fin de construir una agenda de temas relacionados con la justicia cotidiana y estructural en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña.

Junto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, el Ejecutivo Estatal exhortó a jueces, magistrados, notarios, académicos, juristas, políticos, legisladores, servidores públicos y defensores de los Derechos Humanos, a que a través de su labor sigan engrandeciendo el Estado de Derecho.
El Presidente Magistrado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, afirmó que en el pleno respeto de la separación de poderes, coinciden con el Ejecutivo que los funcionarios públicos deshonestos no tienen cabida en ninguna parte.
Tampoco la tendrán los promotores de la división de los pueblos y comunidades de oaxaca, para ellos sólo la aplicación de la ley.
Reiteró, desde el Poder Judicial, estamos comprometidos a ofrecer a la ciudadanía una justicia pronta y expedita, estamos convencidos que este objetivo solo lo cumpliremos si conjuntamos esfuerzos, magistrados, jueces, secretarios judiciales, personal administrativo, todos, cumpliendo con nuestra alta responsabilidad.
Esto y más lograremos si privilegiamos  el diálogo, la razón y el derecho, nunca la fuerza ante la intolerancia y el desorden.
Reconoció en el Gobernador Alejandro Murat, el respeto pleno a la separación de Poderes -sobre todo- a la búsqueda de soluciones, privilegiando siempre el diálogo con los sectores que anhelan el progreso de Oaxaca. Admitió también sus esfuerzos para que Oaxaca salga del rezago, supere la pobreza y se posicione en el lugar que merece.
También coincidió con el Ejecutivo estatal de que los servidores públicos deshonestos no tienen cabida en ninguna parte, así como tampoco la tendrán los promotores de la división de los pueblos y comunidades de Oaxaca, para ellos sólo la aplicación de la ley.
Bolaños Cacho dijo que actualmente, la oralidad en materia penal ya es un hecho en la entidad oaxaqueña, y aunque debemos reconocer que aún nos falta optimizarlo, este tribunal está trabajando con responsabilidad para reposicionar a oaxaca en el contexto nacional, para que sea referente de la eficacia en la aplicación de este sistema.
Asimismo, un equipo de magistrados trabaja en la revisión del juicio oral mercantil que, de acuerdo con la reforma al código de comercio, entró en vigor a partir de su publicación en el diario oficial de la federación en enero de este año y deberá implementarse a más tardar en enero de 2018.
De igual forma, se trabaja en la incorporación de la justicia laboral al ámbito del poder judicial.
Estos temas nos obligan, como profesionales del derecho, a estar actualizados; por ello, les comunico, señores abogadas y abogados,  que el tribunal, a través de la escuela judicial los apoyará con diversos cursos de capacitación sobre estas materias.

Engaña Gobierno en la
protección a periodistas

La creación de mecanismos de protección a periodistas no son sino placebos para que el mismo gobierno se siga engañando con la estratagema de que está atendiendo los problemas nacionales,
advirtió Adrián Ortiz Romero en el encuentro “Oaxaca, Leyes e Instituciones para Periodistas”, convocado por la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO).

El gobierno federal asume la postura de siempre: ante hechos que agravian e indignan a la sociedad, propone mecanismos irrealizables de protección y atención a esos problemas, afirma el maestro en derecho constitucional y articulista del diario Tiempo.
Son irrealizables porque esos mecanismos son integrados por las mismas instancias, los mismos funcionarios, y las mismas normas que no sólo han demostrado su ineficacia en las funciones ordinarias para las que fueron creados, sino que incluso podrían estar involucradas en la autoría de los hechos que motivan.

La otra respuesta son las normas de protección a periodistas que, como decía el doctor Carpizo, en gran medida significan una especie de “relegislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado; establecer criterios ambiguos y muy posiblemente contraproducentes, e incluso contradictorios y atentatorios en contra de los principios deontológicos más básicos del ejercicio periodístico y de la libre expresión en México según sus propios principios constitucionales.

Reiteró que el problema es sistemático porque no sólo existe un clima generalizado de impunidad que invita diariamente a muchas personas, a cometer delitos en contra —o no— de comunicadores sin el temor a ser presentados ante la justicia, porque saben que sólo existe una milésima posibilidad de que eso exista.

Ese mismo clima de impunidad es el que ha invitado tanto a particulares como a propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Razones en concreto puede haber varias. Sin embargo, es cierto que una de las más importantes es la incomodidad que genera para algunos el ejercicio de la libertad de expresión, y los amplios márgenes de libertad que ese clima de impunidad les permite para cometer delitos sin ninguna consecuencia esperable.

Al final es necesario que pensemos en propuestas integrales, y las exijamos. De qué sirve crear una nueva ley que será como los llamados a misa, mientras prevalezcan la impunidad, la inacción de la autoridad, y la desidia para investigar los delitos que lamentablemente ya se cometieron en contra de compañeros nuestros.

Insistió que la impunidad es el caldo de cultivo de las agresiones a periodistas, y más allá de leyes especiales, tipos penales, endurecimiento de penas, y otras medidas que sí son necesarias, lo primero que debemos exigir es que las autoridades hagan su trabajo.

Que las autoridades administrativas se abstengan de incurrir en las tentaciones de siempre respecto a los compañeros, a los que vejan, lastiman, golpean, despojan y discriminan sólo por querer hacer su trabajo; que la Fiscalía General del Estado investigue y consigne ante el Poder Judicial a todos los responsables de las agresiones contra comunicadores; que los jueces actúen imparcial y diligentemente, para cumplir con el principio constitucional de otorgar justicia pronta y expedita en todos los casos.