Oaxaca de Juárez. Ante el aumento del índice de inseguridad y la percepción negativa de la impartición de justicia en Oaxaca, diputados de la 63 Legislatura del Estado demandaron la aplicación de la ley al fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, al analizar el rubro de “Procuración de Justicia” del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022.
Al dar a conocer los ejes de la política de procuración de justicia, el fiscal General señaló que se requiere de un sistema de seguridad pública que convoque a una agenda específica para Oaxaca, con programas para su desarrollo.
Sin embargo, destacó el déficit con el que cuenta la Fiscalía General del Estado, ya que en 2017 se redujeron 73 millones de pesos al presupuesto.
Vasconcelos Méndez dijo que en 2016, los homicidios aumentaron 28 por ciento en comparación con 2011 y 75 por ciento con respecto a 2012, así como ocurrieron 291 feminicidios entre 2013 y 2015, además que la percepción del nivel de paz subió del octavo al lugar 24.
Luego de señalar que el objetivo es ir hacia la consolidación del modelo de justicia penal acusatorio, reconoció que “si bien aceptamos que el sistema tiene algunas fallas, todos apostamos hacia su consolidación” y consideró necesario también modernizar a la Fiscalía General del Estado en infraestructura, tecnología y salarios.
Al destacar que la seguridad es el reclamo principal de la sociedad, además de la aplicación de la Ley, el presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, Toribio López Sánchez, señaló que más allá de los colores y partidos, la procuración de justicia es un tema de interés de todos los sectores.
Por su parte, Silvia Flores Peña, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó al fiscal sobre sí se tiene contemplado el servicio profesional en el personal de la Fiscalía, así como las estrategias y protocolos para atender el tema de feminicidios en la entidad.
En tanto, el diputado Horacio Antonio Mendoza se sumó a la petición de ampliar el sistema estatal anticorrupción, además de puntualizar que en las ocho regiones debería haber un fiscal de delitos electorales.
A su vez, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Mercedes Rojas Saldaña, planteó que es necesaria la instalación de vice fiscalías, sobre todo en Miahuatlán que es el distrito que ella representa.
Laura Vignon Carreño, legisladora priista, pidió que se generen mecanismos de seguimiento de atención a víctimas.
Nallely Hernández García, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que ante las necesidades y déficit que tienen las dependencias, el reto es buscar el presupuesto para cubrir todas las peticiones.
“No basta hacer la denuncia en Tribuna, hagámoslo de manera responsable, para lograr una justicia adecuada, pronta y expedita”, apuntó, al tiempo de pedir al fiscal terminar con la burocracia existente en la dependencia.
Hilda Graciela Pérez Luis, diputada del partido Morena, expresó que en la entidad es necesaria la activación de la Alerta de Género, además dijo que la impunidad y el tráfico de influencias ha pesado en Oaxaca, “tiene en contra los vicios de sexenios anteriores”.
Al respecto, Vasconcelos Méndez dijo que al activarse la Alerta de Género, ésta debe verse como una oportunidad para mejorar la atención a víctimas y fortalecer los protocolos.
El Plan Estatal contiene un diagnóstico en el tema de procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos, pero el objetivo es ir hacia la consolidación del modelo de justicia penal acusatorio, subrayó el fiscal.
