Karina Hernández/RIOaxaca
Oaxaca de Juárez. Tras los presuntos actos de corrupción cometidos por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el Senado de la República analiza la aprobación de un punto de acuerdo mediante el que solicitaría a la Fiscalía General iniciar una investigación en contra de los magistrados Wilfrido Raymundo López Vázquez, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez Viloria por presunta corrupción.
El punto de acuerdo propuesto por el senador del PRI, Jorge Toledo, pretende solicitar al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, ejercer sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los magistrados del TEEO respecto a la solicitud de dinero en efectivo a cambio de acompañar sus propuestas en el Tribunal Estatal.
De acuerdo con el documento de fecha 21 de junio, el Senador refiere que los magistrados pudieron incurrir en una de las figuras previstas del Código Penal para el estado de Oaxaca en materia de corrupción.
De acuerdo con la exposición de motivos del Senador, el Magistrado Wilfrido Raymundo López Vásquez fue acusado por incurrir en diversas irregularidades en su desempeño en el encargo como Presidente del Tribunal Electoral.
Los actos que se le imputan al servidor público van desde atentar contra de los derechos humanos de los servidores públicos del tribunal hasta de devengar doble sueldo; uno como magistrado y el otro como catedrático de la UABJO, esto pese al impedimento legal.
En tanto, otro de los argumentos del Senador fue la denuncia que realizó el magistrado López Vázquez el día que los magistrado Viloria y Carballido acordaron su relevo. En su momento el ahora ex presidente del TEEO acusó al magistrado Jiménez Viloria de solicitar 1 millón de pesos a cambio de apoyarlo como Presidente del tribunal.
Asimismo denunció que en anteriores ocasiones, el magistrado, Carballido Díaz, se quedó con los bonos y compensaciones de sus colaboradores, de los cuales, existen documentos firmados.
Por tal motivo, el senador argumentó que estas acciones deben investigarse por la Fiscalía y esta pueda “ejercer sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los magistrados del Tribunal… que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.”
Sin embargo, de acuerdo con la gaceta del Senado el estatus actual de la propuesta se encuentra como pendiente y el Senado solo tendrá hasta el 31 de septiembre para pronunciarse al respecto.
