Venezolana con cifras de los institutos de estadística de los países de acogida, concluye que más de dos millones de ciudadanos han dejado Venezuela en los últimos 18 años, desde la llegada del chavismo al poder. La mayoría se ha marchado a Estados Unidos (entre 400.000 y 450.000) y España (300.000). El éxodo empezó en el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y se ha acelerado, en distintas oleadas migratorias, al calor de la crisis. “El ritmo de crecimiento de la emigración es tan rápido que es casi imposible mantener los datos actualizados”, matiza Páez. “Pero la gente lo puede percibir en el metro o en la calle: no hay lugar donde no escuches el acento venezolano”.
La diáspora se ve empujada, principalmente, por los altísimos niveles de inseguridad —28.479 muertes violentas en 2016, según el Observatorio Venezolano de Violencia— y el cada vez más grave deterioro económico —con una inflación del 720%, según la proyección del FMI para 2017—. Lo confirma el estudio, pero también lo dice cualquier venezolano al que se le pregunte. Páez resume las razones del exilio: “En el cuestionario que hicimos en más de 40 países preguntamos por qué se iban; decían, por ejemplo, que la única nevera que estaba llena en Venezuela era la de la morgue o que preferían despedir a sus hijos en el aeropuerto y no en el cementerio”.
Estados Unidos
Marco Sergent, 43 años, y Ninoska Belardi, 43, matrimonio originario de Valencia (Venezuela), llegaron en noviembre con su hija de 17 y su hijo de 8 a Doral, la ciudad de Miami donde se concentran los venezolanos, también conocida como Doralzuela. Es un municipio en expansión que todavía incluye elementos tan disímiles como un prado donde pastan vacas y un campo de golf de Donald Trump. Es, según el censo federal, la undécima ciudad que crece más rápido de Estados Unidos. Gracias al aluvión de venezolanos. Unos 70.000 en el condado de Miami-Dade (registrados). Doralzuela. Donde Marco y Ninoska pueden terminar la entrevista fotografiándose al pie de una estatua de Simón Bolívar; donde antes de la entrevista pueden disfrutar de sendos cachitos, panes rellenos típicos de su tierra, sentados a una mesa de Don Pan, una cafetería con una clientela 99% venezolana en la que hace cuatro meses fue identificado entre los demás clientes un exministro chavista y expulsado entre insultos y rechinar de muelas.
Belarde viajó en febrero a Venezuela por la muerte de un hermano. “Sentí un desmejoramiento brutal. Llegué al aeropuerto de Caracas y no había luz, ninguna escalera mecánica funcionaba, las bandas de las maletas no se movían y me atendió un agente de inmigración con aliento a dragón”, recuerda. Después gira el cuello, mira la televisión, ve a una dirigente chavista y el gesto se le tuerce mudo, sin palabras, ni siquiera un insulto.
Miami es la capital de la rabia antichavista. De organizaciones del exilio que fiscalizan con severidad a la oposición, cuya decisión de participar en las elecciones regionales previstas para diciembre se llega a considerar “una traición”, en palabras por teléfono del teniente exiliado y opositor José Antonio Colina. “En el exilio”, asegura, “la oposición tiene un rechazo del 80% o el 90%”. Patricia Andrade, que ayuda a los recién llegados necesitados, recalca la “decepción” de estos exiliados con los líderes opositores por no rechazar de plano la legitimidad de cualquier iniciativa del régimen: “Llegan con el ánimo perdido y diciéndote que gracias a Dios que se pudieron ir, porque aquello va para largo”.
Sergent es árbitro profesional. Ha arbitrado a Federer, a Nadal, a Sampras. Sigue en el circuito de élite, pero cuando no tiene partidos hace Uber para sumar sueldo. Y día a día, minuto a minuto, escruta su teléfono en espera nerviosa de la última hora de su país. La mitad de su cabeza —así como el grueso de su familia y la de su pareja— sigue en Venezuela. “Nosotros estamos aquí, pero el fantasma nuestro está allá”, explica, la ansiedad removiéndose en su cabeza: “Esto terminará en algo. En mucha gente muerta en la calle o en un despelote militar. Pero está a punto de pasar”. Lo desahoga, sin embargo, ver a su hija en Miami. “Aquí se levanta sonriendo. Todo lo que habla es positivo”.
Ninoska Belarde y Marco Sergent, como —a estas alturas de la jugada— la mayoría de los venezolanos en Miami, se muestran más pesimistas que esperanzados en que su país recupere pronto la cordura democrática. Por ahora —un ahora lleno de incertidumbre y que se pudiera alargar más de la cuenta— no se ven regresando a su tierra. Su vida es Miami, es Doralzuela, rodeados de paisanos con los que hacen barbacoas, con los que van a la playa, con los que se sienten “fuertes y en compañía”, dice Belarde. “Aquí me he reencontrado con tres cuartas partes de los vecinos de mi calle de Valencia, la calle Plutón”. Todos saben que, hasta nueva orden, el planeta más alejado de Doral se llama Venezuela.
España
La crisis ha empujado a miles de venezolanos a “desandar” los pasos de sus padres o abuelos, a hacer maletas y emprender un camino de regreso a los orígenes. En esa travesía se encuentra Rosaura Valentini, hija de una catalana y esposa de Yon Goicoechea, nieto de vascos y canarios. La pareja del opositor venezolano encarcelado desde hace casi un año en Caracas llegó a España hace tres semanas con su madre y sus dos hijos, de 5 y 8 años. La familia se ha instalado en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, donde espera el inicio del curso escolar. “Mis hijos se quedarán aquí y yo, por Yon, tengo que moverme entre Venezuela y España. No lo puedo dejar solo. Lo ideal sería estar en mi país, todos juntos y en libertad, pero eso por ahora es imposible”.
Unos 208.000 ciudadanos nacidos en Venezuela vivían en España hasta el pasado 1 de enero, según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 127.700 son españoles y el resto, 80.300, únicamente venezolanos. El Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana asegura, sin embargo, que las cifras oficiales se quedan cortas: según sus datos, en España viven ya más de 300.000 venezolanos. Como en otros países, un porcentaje importante tiene doble nacionalidad. “Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Según el censo del 60, el 15% de los siete millones de habitantes [hoy son más de 30 millones] era inmigrante. Y muchos otros eran hijos o nietos de inmigrantes”, destaca el coordinador de La voz de la diáspora venezolana.
Como Valentini y Goicoechea. El dirigente de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, permanece en prisión, pese a una orden de excarcelación emitida en octubre y el reciente archivo de la investigación en la Fiscalía General. El 29 de agosto de 2016 su coche fue interceptado por un grupo de hombres armados. Su esposa relata que durante 56 horas estuvo incomunicado, en paradero desconocido, hasta que el régimen aseguró que había sido detenido con explosivos: “Es un invento del Gobierno para justificar su secuestro, su detención arbitraria”.
Valentini pide para sus hijos algo tan sencillo como ver a su padre, una pelea que ha trasladado a la Audiencia Nacional de España por la doble nacionalidad de su marido. “No hay día que mis niños no me pregunten cuándo regresará su papá, pero aquí al menos pueden salir a la calle. Allá tienen que estar encerrados, por las barricadas y por la inseguridad. Aquí mi madre está más tranquila; allá siempre tiene miedo de lo que me pueda pasar”.
La población con nacionalidad española que llegó al país el año pasado procedía, principalmente, de Venezuela: 10.285, según el INE. El organismo destaca, además, el incremento de los inmigrantes venezolanos en un 75,3% en el último año: de 10.529 llegados en 2015 subió a 18.463 en 2016. La población venezolana en España es mayoritariamente joven: más de la mitad tiene menos de 35 años, 42.598 de 80.300, según los datos del INE.
En ese grupo se encuentran María Teresa González, de 25, y Giuseppe Sallusti, de 27, un matrimonio que lleva casi dos años en Madrid. A ella, periodista, y a él, ingeniero en producción, les ocurrió lo que a muchos: no veían futuro en Venezuela. Ambos buscaron un máster en España y aquí siguen todavía, ahora al frente de su propio negocio: una franquicia de comida. “Yo quería trabajar, producir, no pensar en qué voy a comer ahora”, cuenta Sallusti, venezolano con pasaporte italiano. “Suena exagerado, pero cuando llegué, en vez de conocer la ciudad, me iba a los supermercados, a veces solo a ver qué había. ¡Tienen tanta variedad! Aquí tienen de todo”.
González reconoce que, aunque aquí pueden caminar tranquilos por las calles, hay noches que no duermen: la violencia logra quitarles el sueño a 7.000 kilómetros de distancia. “Aquí nos estamos acostando cuando allá protestan. En Barquisimeto, mi ciudad, la represión ha sido muy fuerte. Un amigo murió protestando en Cabudare; al parecer, por disparos de perdigones de un guardia nacional”. En días como ese recuerda las palabras de su padre: “Me dijo: ‘Me duele que te vayas, pero me tranquiliza saber que estarás bien, que ya no voy a estar preocupado cada vez que sales’. Nunca quise irme, pero tener la oportunidad de enviarles medicinas, saber que a mis padres no les da una crisis de hipertensión, que mi abuela tiene sus pastillas para la depresión o que mi hermano tiene los antibióticos que necesita, me dice que vale la pena estar fuera”.
Colombia
Hace una década que este exgerente de PDVSA, que prefiere no decir su nombre, llegó a Colombia. Salió de su país casi cinco años después de que la petrolera estatal venezolana despidiera a cientos de empleados y jubilara a otros tantos. “A los que votamos no en el referéndum revocatorio de 2002 nos jubilaron sin indemnización”, cuenta al otro lado del teléfono desde su casa en Bogotá. Durante varios años ejerció la resistencia política a través de varias asociaciones. “Pero cuando la plata se acabó comenzamos a emigrar”.
Este hombre forma parte de la segunda gran oleada de venezolanos que se marcharon cuando aún gobernaba Chávez, entre 2006 y 2007. La primera fue en 2002. Muchos de sus compañeros de PDVSA se fueron a países árabes; otros a Estados Unidos, México o Argentina; unos pocos llegaron a Colombia. Todos persiguiendo el oro negro con el que habían trabajado desde jóvenes. Un grupo de exgerentes de PDVSA compró y creó empresas en Colombia gracias a una alianza con canadienses. De aquellos acuerdos surgieron compañías petroleras como la ya extinta Pacific Rubiales. “En poco tiempo comenzamos a traer a ingenieros y técnicos de Venezuela”, relata quien fuera hasta hace pocos meses responsable de estas entidades. Usaban la picaresca legal para evitar los cupos del 20% para extranjeros. “No era mano de obra; era personal sobrecualificado que, aun así, aceptaban trabajos en los campos”. Pese a que muchos trabajadores de PDVSA cambiaron de categoría laboral, los salarios que ganaban en Colombia eran mayores.
Los resultados que obtuvieron en poco tiempo sirvieron de argumento para justificar la llegada de tantos venezolanos ante la resistencia del Colegio de Ingenieros de Colombia. “Llegamos a producir 330.000 barriles de los 900.000 que en aquel momento generaba el país”, asegura. La nueva oleada de venezolanos que escapan de Nicolás Maduro es diferente de la suya: “Vienen otro tipo de trabajadores, de otros sectores”. Lo que sí comparten es el deseo de regresar algún día a Venezuela. “Si mañana se va Maduro, al día siguiente volvemos todos”.
En 2015 entraron en Colombia cerca de 329.478 venezolanos; en 2016 la cifra fue de 378.965, un crecimiento del 15%, según datos de Migración Colombia. La Cancillería matiza que no todos llegan para quedarse: el número de entradas es alto, pero también el de salidas. Solo en el primer semestre de 2017 se han registrado 263.000 llegadas y 228.000 salidas, según Migración Colombia. ¿Dónde están los 35.000 restantes? Si han entrado de manera regular, sellando el pasaporte y obteniendo el visado, podrán quedarse 90 días, con una prórroga de otros 90. Si han entrado por zonas no controladas, pasan a formar parte de otro censo.
Migración Colombia ha registrado a más de 340.000 ciudadanos venezolanos; 50.000 tienen visado vigente y a otros 153.000 se les ha caducado. Para este grupo, la Cancillería ha creado el permiso especial de permanencia (PEP), en vigor desde este mes. Los ciudadanos que lo soliciten podrán permanecer 90 días más en el país, con la posibilidad de extenderlo hasta dos años. Esta nueva autorización permite trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal.
Para completar la cifra de 340.000, las autoridades colombianas han categorizado a entre 100.000 y 140.000 como irregulares, es decir, aquellos que entraron por pasos no autorizados. Existe una cuarta categoría de migrantes: los que usan los puentes fronterizos para realizar transacciones comerciales y, al final del día, volver a casa. Unas 50.000 personas cruzan diariamente a comprar, en su mayoría, bienes de primera necesidad.
Los organismos internacionales manejan cifras distintas. Juan Carlos Murillo, director de ACNUR, la oficina de la ONU para los refugiados, aseguró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Colombia se habla de “hasta un millón” de venezolanos. Una cifra similar maneja una investigación liderada por el sociólogo Iván de la Vega, un experto en migración venezolana que concluye que en los últimos 20 años han llegado unos 900.000 venezolanos, algunos con doble nacionalidad.
México
Fiel a su tradición, México se ha convertido en tierra de asilo para el resto de América Latina. Miles de venezolanos votan con los pies desde hace cuatro años y huyen hacia el norte, no siempre a Estados Unidos, ni tampoco a Colombia o España, sus destinos habituales. La mayoría se va en busca de un futuro mejor ante la crisis económica y el desabastecimiento, o huyendo de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Las cifras en México son opacas y las de la diáspora venezolana, tan difíciles de verificar como si se intentase medir el sentimiento del exilio. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, unos 40.000 venezolanos han llegado en avión al país en lo que va de año, más de 200 por día, pero es imposible saber cuántos son en realidad turistas, cuántos se quedan en situación irregular o si están de paso.
Hay algunos indicios: de los 600.000 venezolanos que votaron en el extranjero en la consulta de la oposición del pasado 16 de julio, unos 22.583 lo hicieron en México, mientras que la Embajada de Venezuela solo tiene registrados a 2.489 desde hace cinco años. En 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) concedió 10.149 tarjetas de residentes temporales a ciudadanos venezolanos —una cifra récord— y este año se han recibido unas 1.400 solicitudes de asilo, casi cuatro veces más que las 361 registradas en 2016, según fuentes oficiales.
La oscuridad también planea sobre los perfiles de los recién llegados, muchos de ellos profesionales. Coinciden en que su salida fue una decisión meditada, fruto sobre todo del caos por el que se desliza el país caribeño y a que cuentan con apoyos en México. La mayoría descarta volver en un futuro inmediato. “No vuelvo hasta que se vaya ese señor”, asegura Norke, que trabaja en el bar de su tía en la céntrica colonia Roma de la Ciudad de México, convertido en una especie de mini-Venezuela y lugar de reunión de algunos compatriotas. Norke, que tiene sus papeles en regla, lleva un año en la capital mexicana, donde llegó con su marido “huyendo de la situación económica y humanitaria”. Está contenta con la acogida de los mexicanos y asegura que no tuvo problemas con los trámites migratorios.
El mismo sentimiento comparte Adriana Rivera, periodista de 32 años que decidió exiliarse con su pareja en septiembre de 2014. “Con la situación de mi país no podía llevar una vida adulta, no podía hacer planes para casarme”. Ahora ambos tienen el futuro que ansiaban: trabajan en el sector de la comunicación y se sienten felices, aunque ven con pesimismo la situación en su país. “Tardará décadas en arreglarse”.
Ileana García Mora sufrió en carne propia los zarpazos del régimen: la empresa de comunicación en la que trabajaba, la Cadena Capriles, el mayor grupo privado del país, fue vendida a un empresario cercano al chavismo. Ella se marchó en 2014, también con su marido, camarógrafo, porque empezó a pensar que allí no había futuro. “Los mexicanos se muestran muy críticos con la corrupción, las desapariciones y todo lo que está pasando”, dice, pero “con pocos pesos te compras una lata de atún y pan. Eso es un lujo en Venezuela”. Ahora piensan en montar su propio negocio. “Este es un país de oportunidades”.
No hay dos exilios iguales, pero todos los consultados coinciden en señalar la similitud de caracteres entre mexicanos y venezolanos como un plus para su integración, y hay incluso redes de solidaridad virtual como la página de Venezolanos Unidos en Facebook con más de 10.000 seguidores activos o asociaciones como Por un día más que envía bienes básicos a Venezuela desde 2015. Una arepa y una tortilla, al fin y al cabo, están hechas de maíz.
