La Jornada.
Ciudad de México. Históricamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no cuentan con información del seguimiento que realiza el gobierno mexicano a las listas y personas señaladas por la estadunidense Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como presuntos responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni de registros de aseguramiento de cuentas bancarias y bienes, y el caso del futbolista Rafael Márquez constituiría un caso excepcional.
Además, fuentes gubernamentales señalaron que la lista de la OFAC es una estructura que va de la persona que sí tiene comprobada una actividad delictiva, a quien se le denomina kingpin, a un segundo nivel, donde están sus operadores, a los que sí se tiene plenamente identificados como parte de una organización delictiva, y luego a un tercer escalón, donde se encuentran los destinatarios finales de los recursos que se han estado operando, pero en contra de quienes no se tiene ninguna acusación probada de que hayan sabido del origen del dinero.
Cuestión administrativa
Rafael Márquez se encuentra considerado en el tercer escalón, por lo que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal en su contra ni en Estados Unidos ni en México, y puede ser sacado de la lista con tan sólo demostrar que no tenía conocimiento de las actividades de sus conocidos y acreditar que no conocía el origen de los recursos que le pudieron haber sido entregados como donativos para sus fundaciones.
La lista hasta hace un tiempo, explicaron, era enviada mensualmente al gobierno mexicano por John Baxter, responsable de la OFAC en México.
Los funcionarios del gobierno mexicano señalaron que tras la publicación de la lista en la que se menciona a Rafael Márquez como presunto integrante de una red de lavado de dinero de Raúl Flores Hernández, El Tío, un supuesto narcotraficante que operaba desde Jalisco, tanto la UIF como la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron acciones mediante las cuales se bloquearon las cuentas bancarias a nombre del ex seleccionado nacional de futbol y jugador del club Atlas por parte de la SHCP, mientras la PGR decretó el aseguramiento no sólo de las empresas, sino hasta de las marcas comerciales propiedad del deportista.
Las fuentes consultadas señalaron que en el expediente que inició la PGR y en el que Rafael Marquez aparece como imputado, no cuenta con ningún documento que señale o refiera el involucramiento del futbolista en acciones ilícitas y solamente se sustenta en la lista de la OFAC.
En ese contexto, las autoridades entrevistadas refirieron que por esa razón, este caso es excepcional, ya por primera vez las autoridades mexicanas han asegurado de manera inmediata bienes a una persona que es señalada por autoridades financieras de Estados Unidos sin que exista ningun otro señalamiento o antecedente en territorio mexicano.
Pero, presuntamente a la PGR se envió información en la que se menciona que la investigación en contra de la organización de Raúl Flores Hernández inició hace tres años, sin que se precise la manera en que el furbolista actuaba con este grupo ni su involucramiento en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La actuación de la PGR y de las autoridades financieras comenzó desde el pasado 9 de agosto, cuando la OFAC difundió una lista de presuntos integrantes de una red de operadores financieros y personas involucradas con la organización de Raúl Flores Hernández, quien tenía relación tanto con el cártel de Sinaloa como con el cártel Jalisco Nueva generación.
Un día después el gobierno mexicano procedió, por conducto de la UIF, a enviar una alerta a todas las instituciones bancarias para que bloquearan el uso de las cuentas que poseyeran Rafael Márquez y sus familiares cercanos, en tanto que la PGR ordenó el aseguramiento de las empresas y marcas a nombre del futbolista, por esa razón el ex seleccionado nacional viajó a Ciudad de México para conocer su situación legal, y posteriormente ofrecer un mensaje a los medios de comunicación.
En el sistema Infomex, la SHCP, la UIF y el Cisen, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores han señalado –desde 2004– que no poseen información en cuanto al seguimiento que se da en México a los señalamientos de la OFAC, y tampoco de las cuentas que han sido aseguradas a personas que aparecen señaladas en su lista.
Asimismo, existe sólo un antecedente en el cual familiares de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, señalaron que Banamex les informó la cancelación de sus cuentas, no el aseguramiento de ellas, a solicitud de Hacienda.
En su solicitud de información, la familia de El Mayo Zambada solicitó explicaciones sobre la cancelación: En forma extraoficial nos han manifestado empleados bancarios que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda habían ordenado a Banamex la cancelación de las cuentas, por motivo de la designación emitida por la Oficina del Control de Bienes Extranjeros.
La SHCP respondió: comunico a usted que en esa dirección general no existe información alguna relativa a alguna petición formulada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros a la Secretaría de Hacienda para el efecto de cancelar las cuentas.
