Oaxaca de Juárez. Gilberto López Jiménez, Representante de Morena ante el Consejo General del IEEPCO, en la sesión extraordinaria del pasado 19 de septiembre manifestó que el terremoto del pasado 7 de septiembre marcó la vida de muchas y muchos oaxaqueños; hay quienes sobrevivieron pero perdieron todo su patrimonio y hoy sólo esperan la ayuda y solidaridad, incluida la ayuda de los gobiernos, ayuda que no llega, y que lo único que llegan son funcionarios a tomarse una selfie, o a realizar promesas de supuestas ayudas que llegarán varios meses después, o incluso años, o quizá nunca.
La tragedia que padecen miles de familias, ha servido como escenario político de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales; de diputados locales y federales para tomarse la foto o entregar despensas a su nombre y con su nombre, para promocionarse de manera impune con miras al proceso electoral que inició formalmente el pasado 6 de septiembre.
Hemos sido testigos de cómo a través de las redes sociales, diversos funcionarios públicos han estado difundiendo sus logros, sí, el gran logro de entregar una despensa que incluye frijol con gorgojo y con ello obtener una selfie desde las zonas siniestradas. Sabemos todos del acaparamiento de despensas y de la ayuda humanitaria, recursos que seguramente veremos de nuevo cuando sean entregados en campaña electoral a nombre de algún partido o candidato; hemos visto también el desvío de la ayuda hacia grupos afines políticamente, traicionando el sentido humanitario de lo que ha enviado el pueblo, que se ha volcado para apoyar al pueblo.
Todo ello es verdaderamente condenable, inmoral, falto de toda ética y, además, ilegal. Hoy, como en cada proceso electoral, han comenzado a utilizarse recursos de dudosa procedencia para después obtener votos, con la agravante adicional de que se realiza en medio del dolor y con el dolor por la muerte de nuestros hermanos y hermanas, y con el dolor de las y los sobrevivientes que lo perdieron todo. Y sabemos que estas violaciones a las leyes electorales quedarán impunes. A lo mucho una multa que pagarán muertos de risa, después de lucrar con la tragedia del pueblo y tirar por la borda la justicia y las aspiraciones democráticas de nuestra sociedad.
En Oaxaca gobiernos van y gobiernos vienen, a veces pensamos que el gobierno que se va es corrupto y que el que llega no lo será, pero los hechos nos demuestran lo contrario: con cada gobierno llegan otros funcionarios más corruptos y ladrones que los que se fueron, y tal parece que ello no nos causa ya ninguna sorpresa.
Hoy, a diez meses del cambio en el gobierno de Oaxaca, todo sigue igual o peor que cuando comenzó. Hoy desde aquí pregunto: ¿dónde quedaron los más de 62 mil millones de pesos que este año está ejerciendo el gobierno de Oaxaca? No vemos obras, no vemos ningún tipo de inversión social. El dinero público usado o apropiado por el funcionario corrupto, es dinero que ya no servirá para aliviar las carencias en salud, educación, acceso al agua, electrificación, alimentación, vivienda, entre otros derechos constitucionalmente protegidos, y por ello implica, entonces, una condena al pueblo a vivir en la miseria, prisionero de un círculo vicioso en el que no tiene posibilidad de escapatoria.
La administración pública en sus tres niveles no está planificada para cumplir con su razón de servicio al pueblo. Esto ha permitido el saqueo de los recursos del pueblo y que el poder se detente de manera caciquil. La administración pública no es observada como el ejercicio de los bienes públicos sino como una oportunidad de obtener beneficios personales. Y ello queda demostrado con la inacción gubernamental frente a la tragedia causada por el terremoto.
Hoy, la Secretaría de hacienda se llena la boca hablando de los miles de millones de pesos que se podrán destinar a las zonas afectadas; así, en futuro, se podrán. Porque hasta hoy es evidente que no se ha destinado un peso. Hoy la Secretaría de Hacienda dice que el Fonden cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia, y que además existen bonos catastróficos, una suerte de seguros que han sido contratados por el gobierno federal para afrontar casos como este.
Hacienda aclara que hasta el 10 de octubre sabrá cuánto recibirá de indemnización por esos bonos catastróficos; del Fonden, dice que antes de ejercerlo necesita una valoración de los daños, con el fin de “tener una mejor idea de los requerimientos presupuestales” para la reconstrucción de las zonas afectadas. Y mientras tanto, las personas damnificadas siguen viviendo en la calle, en terribles condiciones apenas aligeradas por la solidaridad del pueblo que ha actuado en su apoyo. Es también criminal esta inacción gubernamental. Como cuando hablan de grandes logros macroeconómicos pero el pueblo sigue en la miseria, de la misma manera hoy el gobierno habla de miles de millones de pesos, pero las y los damnificados siguen en la calle.
Por ello mi decisión de ir en contra del exhorto. Porque esto que los funcionarios y los políticos de sus partidos están haciendo es un crimen. Y a los delincuentes no se les exhorta para que dejen de delinquir: se les persigue y se les castiga.
