El Universal.
Ciudad de México. Luego de varias denuncias de presuntos actos proselitistas en la entrega de apoyos a damnificados, la Fiscalía General del Estado informó que se tienen abiertas siete carpetas de investigación por probables delitos electorales en la región del Istmo de Tehuantepec, tras la contingencia por el sismo del pasado 7 de septiembre.
Además, aseguró que están en trámite otras 69 carpetas de investigación sobre un presunto lucro electoral con quienes fueron afectados por el terremoto de magnitud 8.2.
La fiscal especializada de Delitos Electorales, Aracely Pinelo López, reconoció que de las siete carpetas de investigación dos están abiertas principalmente por notas periodísticas o denuncias que se han hecho en medios de comunicación.
“No hemos tenido denuncias directas de la ciudadanía, pero con base a las facultades que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, iniciamos estas investigaciones. Se han hecho entrevistas, inspecciones en el lugar donde se denunció anónimamente y otras por publicaciones de medios de comunicación”, explicó.
En las investigaciones abiertas está una por los videos en los que se entregan despensas a los damnificados a cambio de su credencial de elector. En uno de ellos aparece la alcaldesa de Juchitán, la perredista Gloria Sánchez López, a quien se observa entregando una despensa a un elector luego de que un subalterno recoge la credencial para votar de la persona damnificada.
Otra de las acusaciones es por acaparamiento de ayuda humanitaria en domicilios de funcionarios, como fue el caso de Óscar Cruz López, quien es servidor público del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, o del ex presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Santo Domingo Tehuantepec, Dónovan Rito García.
Otro de los funcionarios señalados por lucrar con la tragedia es el diputado local del PRI, Samuel Gurrión Matías, quien rotuló con su nombre las bolsas de los apoyos a damnificados, en tanto que las personas que le acompañaban también llevaban playeras rotuladas.
Aracely Pinelo explicó que el delito electoral no es considerado grave, pero que en el caso de que un servidor público sea el responsable, la penalidad va de tres a nueve años de prisión. En el caso que sea un ciudadano, la penalidad es de tres meses a tres años de prisión.
La fiscalía especializada, añadió, se encuentra en la etapa de investigación, la cual se puede prolongar hasta seis meses y, en caso de encontrarse elementos sobre la comisión del delito, se pondrá al responsable a disposición del juez de Control.
