La Jornada.
Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) inició carpetas de investigación en seis estados y la delegación Coyoacán, por el presunto desvío de los recursos aportados por la sociedad a los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.
Cuestionado si en el caso de Morelos, la investigación involucra al gobernador Graco Ramírez y su esposa, Elena Cepeda –quien habría ordenado concentrar la ayuda-, el fiscal Santiago Nieto Castillo explicó que la carpeta se relaciona al sistema estatal del DIF y se indaga “a cualquier persona involucrada” y vinculada con el PRD en esa entidad.
En entrevista después de participar en el foro “Generación de conocimiento para la construcción de una democracia paritaria”, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró “lamentable que se utilice electoralmente una desgracia, una tragedia” como la que se vivió el mes pasado.
Las carpetas se abrieron por el uso ilícito de ayuda en Juchitán, Oaxaca; Pátzcuaro, Michoacán; el estado de México; Guanajuato, Puebla y Morelos, y una más en Coyoacán, donde es delegado el perredista Valentín Maldonado Salgado.
Explicó que como en este momento no hay precandidatos ni candidatos a cargos de elección popular en esas entidades y en la delegación, la indagatoria “se desarrolla respecto a la vinculación con los partidos políticos. En Pátzcuaro y Morelos, con el PRD; en Puebla, con el PAN, y en el estado de México con el PRI”.
Nieto Castillo detalló que se integran las carpetas, a efecto de ejercer la acción penal en casos donde se acredite la responsabilidad.
Parte de la investigación arranca con la revisión de los videos donde se aprecia a personas que dan instrucciones para ocultar la ayuda o etiquetar los artículos que debían ser entregados a los damnificados.
Asimismo, expresó su postura en contra de eliminar –como proponen los partidos- el financiamiento público a las campañas electorales.
“Eso lesionaría la equidad y la historia constitucional y electoral, que parte de la premisa que el financiamiento público debe estar por encima del privado”, y porque añadiría un ingrediente para impedir la fiscalización del fondeo a los partidos. declaró.
También anticipó que, para evitar el financiamiento ilícito a los candidatos presidenciales independientes, se comenzará con la lista de empresas que forman parte del padrón del Instituto Nacional Electoral y se inició la revisión, junto con la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral, para revisar qué firmas han sido contratadas en entidades por aspirantes sin partido para contratación de bienes o servicios.
