El País.
Ciudad de México. Santa María del Rosario es un municipio del Estado de México de Oaxaca con 482 habitantes en donde el embarazo de mujeres de 9 a 19 años representa un 26% del total de nacimientos. Una comunidad donde es normal ver a niñas hacerse cargo de otras niñas. Donde las palabras condón y pastillas anticonceptivas están asociadas con la vergüenza y con el rechazo de la pareja, de la familia y de las propias autoridades sanitarias.
Guillermina Juárez, mujer zapoteca, conoce de primera mano las limitantes que prevalecen en estas comunidades para acceder a los métodos anticonceptivos. Denuncia que en Oaxaca, un Estado con 15 lenguas indígenas, no haya servicios de traducción para explicarles a las adolescentes que pueden acceder a una pastilla de emergencia o incluso, a la Interrupción Legal del Embarazo. “Por cuestiones muchas veces culturales se piensa que a tempranas edades tú ya debes estar casada o tener un cierto número de hijos y eso es bien visto en algunas comunidades”, relata.
Esta escena se repite en otros Estados como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Sonora, donde algunos de sus municipios presentan porcentajes de embarazo adolescente superior a un 20%. Unos niveles que explican por qué en México el embarazo adolescente aumentó un 8% de 2014 a 2016. Solo el año pasado se registraron 395.597 partos de mujeres de entre los 9 y 19 años, según los datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de la Salud (Sinac).
En 2016 se registraron 11.219 nacimientos en niñas y adolescentes entre los 9 y 14 años. De este grupo, el 17% de las adolescentes que tuvieron un hijo dijeron pertenecer a algún pueblo indígena, revela el informe del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir sobre el embarazo adolescente en México. Ximena Andión, directora del Instituto, advierte que estos indicadores remiten a situaciones de violencia sexual contra las niñas, ambientes precarios y matrimonios a temprana edad. Con esta combinación de factores, México ocupa la tasa de fecundidad en adolescentes más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de 76 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad.
El alza en embarazos adolescentes en el país contrasta con la reducción de recursos federales para reducir su incidencia. A principios de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) con el ambicioso objetivo de reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030. Sin embargo, la promesa en papel carece de recursos. Durante el primer año de su implementación contó con 23,4 millones de pesos (1,2 millones de dólares); en 2016 apenas se destinaron 662.000 dólares.
Además, el Instituto advierte de que existen incongruencias en la distribución de este dinero. Solo el año pasado el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) empleó más del 40% en otros rubros, por ejemplo, para la renta de maquinaria pesada o para el pago de servicios jardinería y lavandería. “Esperarías que estos recursos no se gastaran en limpieza o fumigación si no, que se gastara en cursos para adolescentes o cursos para servidores públicos o materiales. No es que bajaron los recursos porque hay menos embarazos, no encontramos una lógica en la asignación de esos recursos”, señala Andión.
Los coordinadores de este estudio sobre el embarazo adolescente señalan que a la falta de recursos gratuitos para obtener métodos anticonceptivos se suma la falta de alternativas que detectaron en aquellos municipios donde las condiciones precarias y los usos y costumbres promueven el embarazo a temprana edad. “En un ambiente precario, donde no hay oportunidades laborales, donde hay una descomposición del tejido social y familiar, la única opción es la maternidad”, concluye la directora del estudio.
