El Universal.
Ciudad de México. Los rectores de las universidades públicas de Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas, difundieron un desplegado dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, para solicitar de “manera urgente” una ampliación presupuestal por cuatro mil millones de pesos para cubrir las nóminas de más de 26 mil trabajadores que atienen a 180 mil estudiantes.
De no recibir una respuesta, advierten que las cinco universidades “se declararían en insolvencia económica de manera inmediata”, por tanto, se anticipa que dichas universidades públicas “estarían impedidas en continuar operando y coadyuvando con el Estado Mexicano de brindar educación media superior y superior; además de que se provocaría “una convulsión político social de grandes proporciones, al violentar gravemente los derechos humanos, individuales y sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En el documento se plasman los nombres de los cinco rectores: Medardo Serna, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Jesús Alejandro Vera, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Jorge Ignacio Peña, de la Autónoma de Nayarit; Eduardo Bautista, de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; así como de Antonio Guzmán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Aunado a este desplegado, los cinco rectores también han acordado convocar al Consejo Universitario, por ser los máximos órganos de gobierno, para que respalden esta exigencia al gobierno federal y tocar puertas para encontrar una salida a esta situación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Antonio Guzmán precisa que en total son siete universidades que registran crisis financieras en el país, pero a la reunión a la que se citó este pasado lunes no acudieron los rectores de las universidades del Estado de México y Tabasco.
Explicó que en dicha reunión los interesados analizaron la situación complicada de cada una de las universidades, ya que en enero el gobierno federal les pidió un programa de saneamiento financiero y acciones durante meses para obtener recursos adicionales, pero en días pasados la Subsecretaría de Educación Superior les informó que previo al cierre del presente ejercicio fiscal, las universidades no serán apoyadas por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por tanto, esta respuesta prendió los focos rojos –explica el rector-, ya que anteriormente, cada año se otorgaban estos recursos extraordinarios a las universidades, incluso, refiere que todavía en 2015 a la UAZ se otorgaron unos 200 millones de pesos. Refiere que dicho dinero le benefició al rectorado anterior, pese a que no presentaron un plan de saneamiento financiero.
Detalla que el el caso de Zacatecas el plan de saneamiento se presentó con tres líneas de acción para obtener recursos extraordinarios que contemplaba el reconocimiento de plazas; programa de retiro voluntario y el pago prestaciones únicas; así como el déficit presupuestal del año pasado que debió entrar en este mismo programa.
En total, dice, son 700 millones de pesos lo que la UAZ pide, recurso con el que permitiría cerrar bien el año y cubrir el pago de nóminas a seis mil trabajadores que atienen a una población de 40 mil alumnos.
Antonio Guzmán destaca que en esa misiva dirigida a Enrique Peña Nito y con copia a cada uno de los gobernadores involucrados, se explica el origen de la situación que ha llevado a que registren severas crisis financieras, ya que actualmente más de 40% de su presupuesto está comprometido para hacer frente al pago de las prestaciones contractuales.
En el documento se menciona que la mayoría de las universidades públicas y autónomas estatales a lo largo de sus existencia, cada una ha suscrito con sus sindicatos una serie de compromisos laborales dentro de los contratos colectivos, aunque hace énfasis en que estas universidades “en diversos momentos de su historia asumieron la obligación de jubilar a su trabajadores, y durante décadas, otorgaron una serie de prestaciones no reconocidas por la federación ni respaldadas actualmente por los gobiernos de los estados, quienes en el pasado las promovieron y avalaron, las cuales se han constituido en derechos adquiridos que se deben respetar”.
Guzmán refiere que hace días solicitó ante la SEP que se le autoricen 50 millones de pesos de adelanto de participaciones para el pago de la próxima nómina, pero hasta el momento no le han liberado los recursos. Insiste que con este adelanto sólo se “cubre un hoyo”, porque es gastarse por adelantado el dinero de noviembre y diciembre, pero se quedará sin dinero para pago de las próximas nóminas y del pago de aguinaldos, y en esa misma situación –dice-, están las otras cuatro universidades.
