Excélsior.
México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró irregularidades por 13 mil 881 millones 825 mil 300 pesos en el último año de la administración de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, actualmente detenido en Panamá; de Veracruz, Javier Duarte, detenido en el Reclusorio Norte, y el interino Flavino Ríos, quien está sujeto a proceso en libertad; así como el del exmandatario de Oaxaca, Gabino Cué, que desde 2016 se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la segunda entrega de Informes Individuales de Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, en el último año de la administración de Borge Angulo se registró un posible daño al erario por dos mil 138 millones 745 mil 700 pesos, ya que se detectaron pagos en nómina que no contaron con documentación soporte, pagos de compensaciones superiores a las establecidas en el tabulador autorizado y, en la contratación, no se proporcionó la documentación que acreditara la prestación y entrega de los servicios, bienes o informes.
En tanto, las recuperaciones probables calculadas por la ASF, que se encuentran en periodo de solventación, ascienden a dos mil 109 millones 901 mil 100 pesos, por recursos que no fueron distribuidos a cuatro municipios, intereses generados por el retraso en la ministración de recursos a los ayuntamientos y deducciones a las participaciones federales aplicadas a los municipios por diversos conceptos, de los cuales no se mostró evidencia documental que valide la retención de los importes.
El caso de Veracruz, el último año de gobierno de Javier Duarte, junto con el interinato de Ríos Alvarado, el estado recibió por concepto de gasto federalizado 160 mil 333 millones 600 mil pesos por Ramo 28,33, protección social en salud, convenios descentralizados, convenios de reasignación y otros recursos, los cuales registraron un probable daño al erario por nueve mil cinco millones 61 mil 500 pesos.
Además se registraron observaciones al Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO) del Consejo Técnico del IMSS, que autorizó en 2014, la instalación de oficinas administrativas en el predio donde se ejecutaba obra destinada originalmente para el Velatorio de Xalapa, Veracruz, y aunque se trata de observaciones al IMSS, el gobierno estatal autorizó la obra sin que se regularizara el cambio de uso de suelo.
La construcción concluyó con un costo de 58 millones 610 mil 100 pesos, con vicios ocultos que no fueron reparados por el proveedor y por los que no se hizo efectivo el cobro de la fianza y faltantes, por un millón 630 mil 500 pesos de ingresos no depositados en las cuentas bancarias del fideicomiso y por el pago de facturas, presumiblemente apócrifas.
A la fecha de la inspección física (4 de mayo 2017), el inmueble se encontraba deteriorado y sin uso y se encontró la adquisición de tres hornos por cinco millones 280 mil pesos, con vicios ocultos no reparados ni con garantía aplicada. Los aparatos son inoperables y obsoletos”, precisó la auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de Prestaciones del IMSS a través de Fondos y Fideicomisos.
A su vez, en el último tramo de Cué Monteagudo al frente del gobierno de Oaxaca se detectaron recuperaciones probables por 628 millones 117 mil pesos. De éstas, las mayores incidencias fueron en la distribución de las participaciones federales, en donde se hallaron 278 millones 969 mil 300 pesos por errores en la entrega y dinero no distribuido a los municipios y, en participaciones federales a entidades federativas, en el que se determinaron recuperaciones probables por 341 millones 661 mil 800 pesos, por destinar recursos para realizar pagos sin contar la documentación comprobatoria, por el pago de un gasto correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y por no realizar reintegros a las cuentas bancarias concentradoras de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, para la atención de observaciones de auditorías de ese periodo.
Sale limpia fiscalización en Chihuahua
Pese a que César Duarte es el único exgobernador con orden de aprehensión que se mantiene prófugo de la justicia, acusado de peculado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectó daño al erario en ninguna de las tres auditorías realizadas al gasto federalizado del ejercicio 2016, es decir, el último año de gobierno del priista.
“El gobierno de Chihuahua cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes”, refirió la ASF.
