La Jornada.
Ciudad de México. De acuerdo con la presentación del segundo informe parcial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública del año pasado –la semana anterior–, las irregularidades detectadas por esta instancia en los seis años de los 12 gobiernos estatales que concluyeron su gestión en 2016 asciende a 70 mil 792 millones de pesos.
Las administraciones de Javier Duarte, en Veracruz; Gabino Cué, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Roberto Borge, en Quintana Roo, entre otros, no han podido acreditar el ejercicio de recursos por ese monto durante su encargo.
Aunque aún falta el último informe correspondiente a la cuenta pública 2016, el concentrado de auditorías practicadas en el periodo 2011-2016, que abarca ese sexenio, revela que las anomalías detectadas por la ASF son: 42 mil 615 millones del gobierno de Veracruz, 9 mil 105 en Oaxaca, 4 mil 706 millones en Puebla, 4 mil 383 millones en Quintana Roo, 3 mil 923 millones en Zacatecas, 3 mil 247 millones en Sinaloa, 3 mil 256 millones en Durango, mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo.
El resto de las entidades donde en 2016 hubo cambio de administración tienen saldos relativamente bajos en comparación con los ocho gobiernos mencionados: Tamaulipas, 977 millones de pesos; Tlaxcala, 352 millones, y Aguascalientes, 63.9 millones de pesos entre 2011 y 2016, según los reportes de la ASF.
Las observaciones no justificadas por esos gobiernos causan impacto negativo principalmente en los programas sociales contra la pobreza, en materia de salud, educación y seguridad pública, por desvío de recursos hacia objetivos ajenos a estas políticas.
Faltas de consideración
Sin embargo, también hay retención de impuestos no transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pagos de nómina con partidas no asignadas para esos conceptos y, en ese último año se ha agregado manipulación en el ejercicio de las participaciones federales.
En la cuenta pública 2016 es la primera ocasión en la que la ASF ejerce sus nuevas facultades para revisar no solamente el gasto federalizado –como lo hacía hasta 2015–, sino también en dos nuevos rubros, para abarcar gran parte del gasto en las entidades: el ejercicio de las participaciones federales y el uso que los gobiernos confieren al dinero obtenido mediante deuda pública.
Por lo que hace al reporte acumulado de los dos informes parciales de la cuenta pública del año pasado presentados por la ASF, destaca el caso de Oaxaca, que en el último año de Cué al frente del gobierno arrojó irregularidades por un monto de 3 mil 950 millones de pesos. Entre las anomalías que identificó la ASF sobresalen 572 millones de pesos por la retención del impuesto sobre la renta al personal de salud, no enterados al SAT; 856 millones de pesos transferidos al gobierno de esa entidad que fueron ejercidos en clara violación a las leyes de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal.
En cuanto a los recursos asignados a programa sociales, la ASF ubicó 175 millones de una partida asignada al Seguro Popular, de la cual no hay constancia de su ejercicio; 181 millones de pesos de cuotas del Fovissste, Issste y el SAR que fueron enterados por el gobierno oaxaqueño; 227 millones de pesos desviados de las participaciones federales para realizar pagos correspondientes a la cuenta pública de 2015, entre otras irregularidades.
Por lo que hace al último año del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, la fiscalización de la ASF permitió ubicar manejos irregulares en las participaciones federales por un total de 4 mil 383 millones de pesos, entre los que destacan:
En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por 2 mil 62 millones de pesos.
En el caso de Sinaloa, hasta el momento la ASF destaca entre las principales inconsistencias –que suman en total 2 mil 80 millones–: en el ejercicio de las participaciones federales, el gobierno estatal no realizó transferencias a los municipios por mil 698 millones de pesos sin que se identifique hasta ahora su destino, y 144 millones de pesos de impuestos retenidos no enterados al SAT.
En lo que va de la revisión, hay otras entidades donde no hubo cambio de gobierno y el monto de las anomalías registradas es notable, entre ellas sobresalen el estado de México, con 2 mil 63 millones de pesos; Michoacán, con 2 mil 533 millones; Chiapas, con mil 518 millones, y Nuevo León, con mil 707 millones no acreditados en su ejercicio.
La ASF identificó en el caso de Michoacán que reportó el gasto de mil 388 millones de pesos sin que la fecha del cierre de la auditoría se presentara la documentación comprobatoria de su ejercicio. De igual modo, tampoco se pudo corroborar que de las partidas que el gobierno dijo ejercer para atenuar la deuda, se haya evidenciado en el balance de este rubro.
