La Jornada.
Ciudad de México. Un día después de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior, diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que dicha norma podría generar una mayor cantidad de violaciones a las garantías básicas de la población, y postergará nuevamente la profesionalización de las policías estatales y municipales.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización integrante del colectivo Seguridad sin Guerra–, afirmó que el dictamen aprobado en San Lázaro genera preocupaciones muy concretas por su diseño ineficiente, y no porque los grupos de la sociedad civil tengan una postura ideologizada o antiejército.
Algunos de los puntos que generan inquietud son que no hay mecanismos de monitoreo de las actividades de los uniformados ni tampoco de rendición de cuentas, además de que existe un carácter demasiado amplio de lo que se puede considerar una amenaza a la seguridad interior y no se imponen límites temporales precisos para los operativos castrenses.
Además de lo anterior, dijo Aguirre, el dictamen no toma en cuenta datos objetivos que indican un aumento en las violaciones de derechos humanos en la reciente década a causa de la intervención militar en labores de seguridad pública, y simplemente se limita a prometer que no habrá abusos de soldados en contra de la población civil.
Esta ley ocasionaría mayores violaciones de derechos humanos. La evidencia empírica demuestra que antes de 2006 los organismos públicos de defensa de estas garantías recibían 190 quejas anuales en promedio contra las fuerzas armadas, y dos recomendaciones. Pero en esta década el promedio anual aumentó a más de mil quejas y 15 recomendaciones, resaltó.
Sumado al propio contenido de la ley recién aprobada por los diputados, Aguirre se dijo preocupado por la forma en que fue avalada, ya que la Comisión de Gobernación convocó a reunirse en una hora inusual, en una sala no adecuada para la presencia de la ciudadanía y se dispensaron trámites para llevarla de inmediato al pleno.
La aprobación de la norma nos habla de cómo algunos partidos políticos y gobernadores se pliegan ante las demandas de las fuerzas armadas, cuando lo que debería de haber es un retiro paulatino de éstas, acompañado del fortalecimiento progresivo de las policías civiles, pero la citada ley no hace ni lo uno ni lo otro, lamentó.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, coincidió en que la aprobación de dicha norma es un retroceso para los derechos humanos, pues se votó de forma apresurada y se ignoraron las opiniones de expertos y organizaciones civiles que advirtieron sobre los peligros que entraña la propuesta.
No podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. Al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo a la par de una profesionalización de la policía, pero al Estado mexicano no le interesa apostar por el desarrollo de mejores cuerpos policiales, consideró.
De su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que analizará la constitucionalidad de la norma en caso de que se apruebe de manera definitiva en el Senado.
En conferencia de prensa en Washington, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó su preocupación por algunos de los contenidos de la ley que podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar que se vulneren los mismos.
