Concertado por las cúpulas de los partidos, el Pacto por México comenzó a ser dinamitado casi desde el primer minuto de su existencia. El Senado fue el escenario principal de la oposición interna del PAN y el PRD a trabajar de manera coordinada con el naciente gobierno de Enrique Peña Nieto, pero las expresiones de rechazo se extendieron a diversos grupos.
Aunque fue diseñado para durar al menos tres años, con 95 acuerdos, el Pacto por México está muerto desde julio de 2014, cuando la aprobación de las reformas Energética y Hacendaria complicaron al PRD sentarse a negociar con un gobierno que abrió el sector energético a la iniciativa privada, y para el PAN se hizo imposible dialogar con el gobierno que diseñó un esquema hacendario que golpea a los empresarios, uno de los sectores base de la militancia albiazul.
Además, en ese 2014 los partidos políticos empezaron a prepararse para la batalla electoral de 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados.
El primer producto del Pacto por México fue la Reforma Educativa. El Pacto se firmó el 2 de diciembre de 2012, al siguiente día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Una semana después, el 10 de diciembre, Peña Nieto presentó la Reforma Educativa, con el respaldo de Cristina Díaz, dirigente nacional del PRI; Gustavo Madero, líder del PAN y Jesús Zambrano, presidente del PRD.
Justamente la firma de esas tres fuerzas políticas generó que la reforma pasara de inmediato por los filtros del Congreso de la Unión. El 20 de diciembre fue aprobada por la Cámara de Diputados y el 21 por el Senado; recorrió los Congresos estatales en un mes y en febrero fue una realidad.
Después, el 11 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la Reforma en Telecomunicaciones. La Cámara de Diputados la aprobó en tres semanas y la turnó al Senado de la República, donde se avaló sólo un día antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
Y es que desde el primer momento en que procesó la Reforma Educativa en el Congreso, la oposición panista que encabezan los calderonistas coordinados por Ernesto Cordero en el Senado, así como los opositores perredistas que lideraba Luis Miguel Barbosa, se rebeló a la dinámica de que el Pacto hiciera las iniciativas y dictara los acuerdos para que el Poder Legislativo se convirtiera en un mero filtro constitucional para legalizar los cambios.
Así, en abril de 2013, Ernesto Cordero, entonces presidente del Senado y líder de los senadores del PAN, advirtió que no iban a trabajar al ritmo que les dictara el Pacto por México; que la Reforma de Telecomunicaciones iba a salir con el perfil diseñado por los senadores, pues éstos no eran empleados del Pacto por México, sino representantes constitucionales de los mexicanos.
Fortalecidos por su alianza política con los perredistas de Luis Miguel Barbosa, los calderonistas hicieron a un lado las recomendaciones del presidente de su partido, Gustavo Madero, e hicieron cambios a la minuta de la Cámara de Diputados; sus decisiones llevaron la reforma hasta el último minuto del periodo ordinario.
Para ese momento de abril de 2013, que ya caminaban las elecciones en 14 entidades, además de la rebeldía de los calderonistas y los perredistas en el Senado de la República, el Pacto por México comenzó a resentir las molestias de panistas y perredistas por la actitud asumida por los gobernadores de esas entidades, a quienes los panistas y perredistas acusaban de meter las manos en los procesos e inclinar la balanza en favor de los candidatos priistas.
Fue esa molestia la que generó que la Reforma Financiera, trabajada en el interior del Pacto por México, pero con preponderancia de la visión de la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray Caso, retrasara su presentación, prevista originalmente para nacer en abril.
Así, el impasse registrado en el Pacto por México requirió del tejido fino de sus integrantes. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Luis Videgaray Caso, titular de Hacienda y Crédito Público, y Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, negociaron con Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano Grijalva la salida al conflicto político.
Fue así como nació el Adéndum del Pacto por México, destinado exclusivamente a los temas electorales, con 11 acuerdos que buscaron generar condiciones de equidad en la competencia electoral de los estados, así como generar la profesionalización de los delegados federales y el castigo a quienes incurrieran en delitos en el proceso comicial.
Entonces los partidos regresaron a la mesa del Pacto el 7 de mayo de 2013, para mostrar a la población que habían logrado compromisos en aras de generar confianza en las votaciones.
Un día después fue presentada oficialmente la Reforma Financiera que, a diferencia de sus antecesoras, ya no contó con el compromiso real de las fuerzas políticas, al grado que su paso por la Cámara de Diputados y el Senado requirió de seis meses, y registró diversos cambios en su diseño original.
De esta forma, a pesar de que en diciembre de 2012 Jesús Zambrano, Gustavo Madero, Cristina Díaz y Enrique Peña Nieto acordaron que los vaivenes electorales no afectarían al naciente Pacto por México, las tensiones electorales lo lesionaron, al grado que después de mayo ya nunca más se volvió a ver una ceremonia para lanzar reformas o hacer anuncios, salvo una reunión que se registró con diversas organizaciones de mujeres para exigir la paridad de género en las candidaturas.
Así, el Pacto por México suspendió sus actividades en la construcción de acuerdos durante los meses de elecciones. A pesar del Adéndum, se mantuvieron las quejas de los partidos políticos por la intromisión de los gobernadores en los procesos electorales.
Pero además, el Pacto por México provocó que las elecciones se convirtieran en una presión adicional para los dirigentes de los partidos políticos. Gustavo Madero y Jesús Zambrano resintieron las presiones de sus opositores internos para que sus respectivos partidos se salieran del Pacto.
El triunfo logrado por el PAN para refrendar la gubernatura de Baja California, así como los avances en entidades como Puebla y Tamaulipas permitieron a Gustavo Madero despresurizar las tensiones internas; los panistas refrendaron entonces su adhesión al Pacto por México.
Las heridas políticas, sin embargo, se mantuvieron. Los panistas presentaron en mayo su propuesta para crear el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de quitar a los gobernadores el poder que tienen en los procesos electorales.
Además, el panismo tomó otra decisión: quitar de la coordinación de sus senadores a Ernesto Cordero, y eso le llevó un proceso de polarización entre los calderonistas de Cordero y los maderistas, representados por el nuevo coordinador, Jorge Luis Preciado.
Las presiones desde el Senado en contra de que el Pacto sea el que genere el trabajo de los legisladores se mantuvieron y eso generó que la dinámica interna se modificara. Instauró mesas de trabajo con senadores y diputados federales para crear las leyes secundarias en materia de la Reforma Política de 2012, aunque fue difícil concretarlos; el único producto nació hasta noviembre, sobre la consulta popular, y no concluyó su proceso legislativo, ante las diferencias entre las fuerzas políticas.
LOS ACUERDOS SE BIFURCAN
Mientras eso ocurría, el presidente Enrique Peña Nieto comenzó a desarrollar la Reforma Hacendaria, porque a pesar de que el Pacto por México la incluyó en sus compromisos del 69 a 72, no logró los acuerdos para ser lanzada con el respaldo de las tres principales fuerzas políticas.
La Reforma Hacendaria fue propuesta por el mandatario federal y como su diseño incluyó viejas demandas de la izquierda, fue respaldada por el PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, salvo por los legisladores opositores al Pacto por México, que son cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard, y atacada frontalmente por el panista; incluso está vigente una demanda de inconstitucionalidad que presentaron los panistas por la homologación del IVA en la frontera.
Todavía en el desarrollo de la discusión legislativa en torno de la Reforma Hacendaria, el Consejo Rector del Pacto por México trabajaba la Reforma Política, pero los líderes de los partidos acordaron que fueran los senadores y diputados federales quienes construyeran esta reforma, con base en los acuerdos generales diseñados por el Consejo Rector, pero sin que se presentara de manera oficial ninguna propuesta.
En ese documento de acuerdos generales diseñado por el Consejo Rector, estaba incluida la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), con la desaparición de los institutos y tribunales electorales; la llamada chequera única para el gasto de campaña de los partidos políticos; la inclusión del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de las elecciones; los gobiernos de coalición como opción del gobierno federal y la autonomía del Coneval, con una figura similar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El documento que llegó al Senado, vía sus coordinadores parlamentarios, enfrentó la insistencia de los legisladores de ser ellos los únicos que decidieran sobre el tema. Fue así que desde octubre comenzó a trabajarse la Reforma Político-Electoral, con la exigencia del PAN y el PRD de incluir más temas para mejorar el avance democrático del país.
Los disensos fueron constantes. La Reforma Político-Electoral nació de manera distinta a sus antecesoras.
En su diseño intervinieron constantemente el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.
Se discutió en dos áreas. En el Senado, donde el diálogo era con los panistas Roberto Gil Zuarth y José María Martínez; el priista Enrique Burgos y los perredistas Luis Miguel Barbosa y Alejandro Encinas; y en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, donde se reúne el Consejo Rector del Pacto por México, donde llegaban César Camacho Quiroz, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, dirigentes del PRI, PAN y PRD, respectivamente.
La Reforma Político-Electoral fue colocada por el PAN como la condición sin la cual no iba a aprobar la Reforma Energética. Para ese momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto había dado muestras claras de que su prioridad era la Reforma Energética.
Los senadores lograron cambios sustantivos en el diseño original de la Reforma Político-Electoral, al mantener la estructura de los institutos y tribunales estatales electorales e introducir otros temas, como la autonomía de la PGR y su transformación en Fiscalía General, con dos fiscalías auxiliares, la de temas electorales y la de anticorrupción.
Nacida la Reforma Político-Electoral, que todavía no inicia su discusión en los congresos estatales, comenzó el avance concreto de la Reforma Energética.
Con el rechazo abierto del PRD, el Pacto por México tampoco pudo generar el nacimiento de la Reforma Energética, a pesar de estar incluida en los compromisos 54 al 60, porque la izquierda no transitó en el planteamiento de modificar la Constitución Política.
La Reforma Energética nació más en un esquema cercano al proceso tradicional de los cambios que procesa el Congreso de la Unión; es decir, en este caso no hubo ningún tipo de intervención del Consejo Rector del Pacto por México.
Los senadores priistas, encabezados por David Penchyna, y el gobierno de Enrique Peña Nieto plantearon su propuesta de dictamen a los negociadores del PAN, que eran los diputados Rubén Camarillo y Juan Bueno, junto con los senadores Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Francisco García Cabeza de Vaca.
Por parte del gobierno federal estuvieron Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; el director general de Pemex, Emilio Lozoya; por momentos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y también Aurelio Nuño.
Sus reuniones se realizaban por las noches y llegaban a la madrugada. Discutían en un club que está frente al Senado de la República y a un costado de la Torre Azul, donde deliberaban los senadores panistas para dar respuesta a los planteamientos que les hacía la parte oficial.
La ausencia del PRD de la mesa de negociación fortaleció al PAN en sus exigencias e impuso su visión en el perfil de la Reforma Energética, como lo dejaron en claro Rubén Camarillo y Juan Bueno, exdiputados federales y Jorge Luis Lavalle, todavía senador de la República, quienes consideraron que el modelo de apertura del PAN es mucho más sólido que el propuesto originalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
