La Jornada.
Un Tribunal Unitario en Materia Penal de la CDMX negó el amparo que solicitó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y confirmó que es constitucional el auto de vinculación a proceso que se le dictó por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de Primer Circuito, que preside el magistrado Ricardo Paredes Calderón, negó la protección de la justicia federal al ex gobernador de Veracruz, y determinó que es constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el auto de vinculación a proceso que le fue dictado.
Javier Duarte fue vinculado a proceso por los delitos delincuencia organizada, en la modalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se señala que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público revelan, hasta el momento, que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del Gobierno de Veracruz, mismos que fueron dispersados a través de diversas acciones, con la finalidad de ocultar su origen ilícito.
En el juicio de amparo 46/2017, la resolución precisa que se desestimaron las razones por las cuales Duarte de Ochoa señalaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia en la que se le vinculó a proceso.
El magistrado Paredes Calderón determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación que se realiza por los delitos señalados.
Precisó que, de acuerdo a las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el que se le haya vinculado a proceso y negado el amparo, no prejuzga sobre la culpabilidad, pues precisamente en el desarrollo de la investigación, podrá ofrecer pruebas para desvirtuar los señalamientos que existen en su contra.
En octubre el magistrado federal Miguel Ángel López Aguilar confirmó el auto de vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero de, por lo menos, mil 670 millones de pesos.
En su sentencia, López Aguilar –quien en agosto pasado negó la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo– también consideró que los datos de prueba apuntan a que una agrupación criminal conformada, probablemente, por nueve personas, de la que una de ellas fungía como dirigente, formó una red de corrupción que tenía como propósito desviar recursos públicos. Esto impactó en la administración pública y por ende, en la seguridad nacional.
El pasado 22 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 datos de prueba contra Duarte, incluido el daño al erario, por lo que el juez federal Gerardo Moreno García determinó vincularlo a proceso penal. Además, el ex gobernador de Veracruz enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coacción, los cuales están suspendidos por la vía de un amparo.
