La Jornada.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declararon en “alerta máxima”, tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior (LSI) y convocaron a las organizaciones sindicales y sociales a sumarse en un frente común para “impedir su implementación y solicitar que se deroge”.
En conferencia de prensa, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas, afirmó que “si quieren estallido social, lo van a tener” y aseguró que los docentes democráticos del país realizarán una “labor hormiga” para informar a alumnos, padres de familia y comunidades sobre las “graves consecuencias que tendrá para todos los mexicanos permitir que se aplique una ley que lesiona nuestras derechos”.
El llamado a la unidad de la CNTE también se hizo extensivo a los docentes que no forman parte de la disidencia magisterial, tras destacar que las posibles afectaciones por la implementación de la LSI, son para todo el país y como maestros “tenemos un compromiso no sólo educativo, sino social y político con la población”.
Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, afirmó que con la “traición de los senadores, ahora se pretende imponer a todos los mexicanos una ley que tiene como único objetivo manternos sometidos y sin posibilidad alguna de alzar la voz ante las injusticia que impone el gobierno”.
Por ello anunció que la CNTE determinó que “saldremos a las calles a sumarnos hombro con hombro con todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos que ya han expresado su rechazo, y reiteramos que los maestros democráticos estamos dispuestos a formar un frente común para frenar esta nefasta ley”.
Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, indicó que la CNTE llevará una protesta por la aprobaciòn de la LSI a “todas las instancias nacionales e internacionales que estén a nuestro alcance, incluida los organismo multinacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel interno la Comisión Nacional de Derchos Humanos y en las 32 comisiones locales del país”.
Los líderes de Chiapas, Guerrero, Ciudad de México y Chiapas también condenaron la decisión del Poder Judicial de otorgar prisión domiciliaria, a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, detenida desde 2013, por cargos de lavado de dinero, y afirmaron que “se trata de una estrategia más del gobierno federal para incidir en el proceso electoral, y que les sirva como operadora”.
