A menos de 24 horas de aprobada la llamada Ley de Seguridad Interior o “Ley Peña”, mediante la cual se daría autoridad a las fuerzas armadas sobre las autoridades civiles, el senador del Partido del Trabajo-Morena, Benjamín Robles Montoya, fue al encuentro de la ciudadanía de las regiones del Istmo y la Cuenca para alertar sobre los riesgos de dicha legislación aprobada por senadores y diputados del PRI, PAN, Partido Verde y Panal.
Acompañado de la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional y Estatal, Maribel Martínez Ruiz, se reunió con familias y autoridades de municipios gobernados por el Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del PRI ante quienes expuso que la “Ley Peña” amenaza la sana convivencia entre el régimen civil y militar, además amenaza los Derechos Humanos de las y los mexicanos.
“Implica que a partir de la aprobación de esta ley, los soldados puedan entrar a la casa de cualquiera de nosotros; implica que cuando uno alza la voz, cuando no está de acuerdo, entonces alguien pueda decir -hay algo raro ahí, está corriendo riesgo la gobernabilidad-; por eso nosotros decimos que se militariza el país”.
“Y a pesar que le dijimos a los senadores del PRI y del PAN que había llamados de la ONU, de las instancias de Derechos Humanos más importantes del planeta diciéndole al Senado mexicano: No aprueben esa ley porque atenta contra los Derechos Humanos de los mexicanos, hicieron oídos sordos porque a Peña Nieto parece que le interesa más quedar bien con otros intereses que no son los intereses de las mexicanas y los mexicanos”.
“No hemos bajado la guardia, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostuvo con firmeza el también dirigente nacional del PT.
El sábado y domingo el legislador oaxaqueño recorrió los municipios de El Espinal, Santa María Mixtequilla, Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec, en donde refirió que todavía no entra en vigor la legislación en mención y los militares ya manifiestan su autoritarismo en los retenes militares que, previo a la autorización de la “Ley Peña”, se instalaron en las principales vías de comunicación para intimidar a la población bajo el pretexto de una lucha fallida contra el crimen organizado.
Por su parte, la también coordinadora de mujeres del PT en Oaxaca, Maribel Martínez expuso que la defensa de los Derechos Humanos es la principal causa por la que lucha el Partido del Trabajo y, desde antes de la autorización para militarizar el país, han estado informando a la ciudadanía sobre los riesgos que implica dicha ley, que por cierto, ha sido rechazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales de Derechos Humanos.
