Eulalia Rocha/RIOaxaca
Agentes y representantes municipales de Candelaria Loxicha, denunciaron que a casi un año de haber asumido el cargo de presidente municipal, Fermín Ambrosio Pérez ha sido omiso en la entrega de recursos para las comunidades, ha causado divisionismo y ha introducido de manera ilegal unidades de transporte público en Santa María Tepejipana.
En conferencia de prensa, una representación de agentes municipales, señaló que acudieron a la capital oaxaqueña para exigir al gobierno del estado intervenir para evitar más abusos y omisiones por parte del edil y sus allegados.
Refirieron que a la fecha las agencias no han recibido participaciones de los ramos 28, 4 y 33, correspondientes a infraestructura y obra pública, con el pretexto de que se encuentra pagando la deuda pública del anterior.
Indicaron que en relación al transporte público, en Santa María Tepejipana existe la Unión de Trasportistas de Pasaje y Carga con 11 concesionarios, sin embargo Fermín Ambrosio Pérez y su hermano José Ángel Ambrosio Pérez -que fue Presidente Municipal de Loxicha-, apoyados por el diputado federal del PRI, Oscar Valencia; introdujeron de manera arbitraria cinco unidades más, derivadas de las concesiones irregulares otorgadas por Carlos Moreno alcántara, ex Secretario de la Sevitra.
Acusaron también que el Presidente municipal ha violentado el dictamen territorial de Loxicha, pues de los seis barrios que se le reconocen a Santa María Tepejipana, el edil le ha quitado y los ha sumado a la localidad de Santa Rita, núcleo rural que declaró como independiente de dicha agencia.
Los agentes señalaron que autoridades estatales les informaron que posiblemente hoy los recibiría el Presidente municipal, sin embargo, indicaron que buscan que la audiencia sea en la capital del estado con las autoridades presentes, para que el Ambrosio Pérez rinda cuenta de sus omisiones y arbitrariedades.
Advirtieron que de no resolverse sus peticiones, accionarán con los bloqueos carreteros y otras movilizaciones.
Además, dijeron que el abandono de las autoridades estatales podría propiciar el resurgimiento de grupos armados, como el EPR, que surgió y fue disuelto hace años en esa zona.
