La Jornada.
El gobierno quiere legalizar nuestra muerte, dice Guadalupe Vázquez Luna, quien habla desde la parte posterior de una camioneta de redilas de cara a los que caminan en procesión, más de un millar de personas que inician en el paraje Majomut la conmemoración del 20 aniversario de la masacre ocurrida unos kilómetros adelante. Lupita, sobreviviente de la matanza, se refiere en su arenga rodante a la Ley de Seguridad Interior recién promulgada como una ley que asesina.
La marcha y conmemoración política y religiosa de la matanza de civiles indefensos que el 22 de diciembre de 1997 se encontraban muy precariamente refugiados en la hondonada de Acteal bajo, tiene el sello de Las Abejas. Es un acto de memoria, y también una declaración de actualidad con reclamos directos al gobierno por imponer la citada ley, que consideran la continuación de la política de Estado que llevó a la masacre.
El recuento es sucinto: Un día como hoy, paramilitares priístas y (frente)cardenistas de Chenalhó creados, financiados, entrenados, armados y protegidos por el Poder Ejecutivo y el Ejército federal en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94, masacraron con saña, premeditación y alevosía a 45 hermanas y hermanos nuestros, más cuatro que no habían nacido.
Luego, durante el acto solemne enmarcado en la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, la joven de 30 años, quien a los 10 perdió a nueve integrantes de su familia, es la encargada de leer el comunicado oficial a los 20 años de la masacre y 25 de lucha y organización de Las Abejas. Y dice: “Nos encontramos con la noticia de que el mal gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho una ley anticonstitucional para que su Ejército pueda seguir cometiendo, ahora ‘legalmente’, graves violaciones a derechos humanos. A este gobierno criminal no le bastó legalizar el despojo de nuestras tierras y territorios con sus reformas estructurales; con la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior el mal gobierno confirma su guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas y no indígenas, como lo aplicó en Acteal”.
Lupita, primera mujer en recibir un bastón de mando para que represente a Las Abejas en el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, se refiere a una de las partes más siniestras de aquella desgracia: Nunca olvidaremos a las mujeres embarazadas que les fueron abiertos sus vientres, sacándoles a sus bebés como un mensaje de querer acabar con la semilla.
Este paraje, alguna vez llamado Los Naranjos, sigue siendo el sitio de una tragedia inolvidable, de una cicatriz que todavía duele, y lo que es más, todavía sangra. Al abordar la Otra Justicia, el mensaje de los indígenas subraya que la alevosa agresión fue contra un pueblo tzotzil pacífico y organizado.
Nuestra experiencia de horror y desesperación por estar siendo cazadas literalmente durante casi siete horas, nos duele al contar todo esto, porque es como si hubiera ocurrido ayer ese infierno, expresa Lupita. Queremos que nuestros jóvenes sepan bien lo que pasó, tenemos que compartirles y formarlos para que sigan el ejemplo de nuestra lucha y así la memoria de nuestro pueblo esté floreciendo por siempre. El sistema de justicia mexicano ya está caducado, sentencia la organización tzotzil, como pueblos nos hemos propuesto construir una justicia digna y duradera.
El momento climático del mensaje de Las Abejas adopta el carácter de una sentencia al invitar a la concurrencia a condenar simbólicamente a los autores intelectuales de la masacre, para evitar que sigan cometiendo más crímenes en contra del pueblo mexicano. Los asistentes se ponen de pie y pronuncian en alto la palabra culpable, cuando su comunicado nombra a los criminales. Se enumera a los nueve funcionarios que actuaron en la cadena de mando de la operación genocida, empezando por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Por cierto, él sería el único de todos los nombrados que no renunció a su cargo tras la masacre. Uno tras otro, todos son declarados culpables por la concurrencia.
Participan con los indígenas en la conmemoración el obispo de Saltillo (llamado Tatic en Chiapas), Raúl Vera; varios ex párrocos católicos de Chenalhó, representantes de organizaciones indígenas y de solidaridad nacional e internacional, incluso un enviado de la Organización de las Naciones Unidas. El obispo Vera manifiesta que la mancha de muerte que se mueve por México se ilumina gracias a la fuente de esperanza que no se apaga, representada por la memoriosa lucha de Las Abejas.
Enseguida, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), organización que ha acompañado a los sobrevivientes durante 20 años, insiste en que está demostrada ante instancias nacionales e internacionales la responsabilidad del Estado mexicano en la creación, formación y apoyo a grupos paramilitares y en la estrategia de contrainsurgencia elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, indica Faro, las fuerzas armadas tienen su Ley de Seguridad Interior, lo que significa que el gobierno mexicano afirma su lenguaje de guerra.
De nueva cuenta hoy, como hace dos décadas, el Frayba denuncia el éxodo de población, en esta ocasión del vecino municipio de Chalchihuitán, y la destrucción comunitaria como resultado del desprecio del gobierno hacia los pueblos originarios, y la lacerante impunidad que por décadas ha creado raíces en estas tierras.
