Excelsior.
La planeación y aplicación de las medidas de protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen entre cinco y 12 años de haber sido actualizados.
Estos instrumentos sirven para planear las políticas públicas que se implementan ante desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos. También definen las zonas vulnerables en una localidad determinada ante éstos y otros fenómenos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Tlaxcala es la entidad con más rezago en la puesta al día de su atlas de riesgos, actualizado por última vez en 2006. Le siguen Sonora (2007); San Luis Potosí (2008); Hidalgo y Puebla (2009); Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2010).
Aguascalientes lo actualizó en 2011; Durango, Edomex, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en 2012, y Nayarit, Querétaro y Tabasco en 2013.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizados estos mapas y responsabiliza a la Federación de vigilar su cumplimiento, pero no especifica un plazo para su renovación.
Desde 2015 legisladores federales han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos a actualizarlos cada tres años.
ENFRENTAN RIESGOS CON ATLAS CADUCOS
En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizados por última vez.
Estos instrumentos sirven para planear la política pública que implementan contra desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes y hundimientos, entre otros.
Sin embargo, 19 de las 32 entidades federativas operan hoy con mapas geográficos actualizados entre 2006 y 2013. Por ejemplo, Oaxaca, entidad que sigue en reconstrucción tras los terremotos de septiembre pasado, define sus zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres con un sistema modificado por última vez en 2010, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
Sin embargo, aunque la ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas, con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, simulan escenarios de desastres, se emiten recomendaciones y establecen medidas de prevención y mitigación.
Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo”, señala el artículo 19 de dicha ley.
Datos del Atlas Nacional de Riesgo, consultados por Excélsior, detallan que Tlaxcala es la entidad con más rezago en su atlas de riesgos, actualizado por última vez 2006; le sigue Sonora, en 2007; San Luis Potosí, en 2008; Hidalgo y Puebla, en 2009; y Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua en 2010.
Aguascalientes actualizó sus mapas de zonas de riesgo en 2011; mientras que Durango, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán desde 2012; Nayarit, Querétaro, y Tabasco en 2013.
En cambio, los estados de la República Mexicana con datos geográficos actualizados en los últimos tres años son Chiapas, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, en 2015; a la lista se suman Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas, en 2016; por último, Guanajuato y Michoacán, con atlas de riesgos actualizados en 2017.
DESDÉN
Legislar para actuar y prevenir desastres naturales no ha sido prioridad en el Congreso de la Unión. Desde 2015, los legisladores han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos federal, estatales y municipales a actualizar sus atlas de riesgos nacional, cuando menos una vez cada tres años.
Lamentablemente, en México, sólo actuamos cuando está el problema. Yo creo que tenemos que prever esto de manera prioritaria para este periodo ordinario próximo”, dijo a este diario la senadora priista Diva Gastélum.
La legisladora sinaloense presentó una iniciativa el 5 de noviembre del 2015 al pleno del Senado de la República en la que propuso precisar diversos mecanismos de defensa en materia de protección civil, medio ambiente y desastres naturales; entre ello, actualizar los atlas de riesgo cada tres años.
Dicha iniciativa fue aprobada por la cámara alta dos años después, pero se quedó en la congeladora legislativa de la Cámara de Diputados, cuando fue recibida el 25 de abril del 2017. Otro caso fue el proyecto de reforma a la Constitución que hizo el senador panista Raúl Gracia, el 5 de octubre del 2016, aún pendiente en comisiones del Senado.
Ésta propone facultar a los municipios para elaborar planes pluviales en coordinación el gobierno estatal y la federación, con la intención de recolectar lluvia y prevenir sequías e inundaciones.
La más reciente iniciativa en la materia fue presentada el 14 de diciembre pasado ante la Cámara alta por el senador Alejandro Fernández Sánchez; ésta también busca obligar a los gobiernos a actualizar sus atlas de riesgo en el mismo periodo que propuso Diva Gastélum, cada tres años.
La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente, impulsa modificar la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Cambio Climático.
México, por su ubicación geográfica y por la diversidad de climas que se presentan a través de su territorio, es un lugar propenso a resentir la fuerza de diversos fenómenos naturales, y la acción gubernamental debe ser prioritaria para encarar las posibles pérdidas materiales y humanas, y para ello es necesario un sistema de datos de evaluación de riesgo actualizado”, argumentó el senador panista en la iniciativa.
LEYES
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
La ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas; con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos.
