La Jornada.
Ciudad de México. Esta mañana partieron hacia la Ciudad de México familiares de los comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), en la parte rural del municipio de Acapulco, reprimido violentamente el siete de enero.
De ello resultaron muertos comuneros y policías comunitarios, ejecutados por civiles armados y policías estatales. Hay 25 presos en el penal de Las Cruces, incluyendo el vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui. Diez de los detenidos alegan haber sido torturados por la policía del estado.
La Jornada intentó visitar a los presos, cuando éstos recibieron a los relatores de la ONU el jueves 25, pero no se nos permitió el ingreso. Sí pudieron hacerlo familiares de los encarcelados, sobre todo las esposas de algunos de ellos.
Ésta mañana abordaron un autobús en la comunidad de Aguascalientes para participar por la tarde en la marcha de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México y demandar la libertad de los comuneros presos. Comentaba una comunero en dicho poblado: “Cómo se nota el miedo; apenas van unas 20 personas. En marchas anteriores (por los estudiantes de Ayotzinapa) hemos mandado hasta cinco camiones”. Hoy no llenaron uno.
El centro de Derechos Humanos Tlachinollan denuncia que las propias autoridades gubernamentales permitieron “una descomposición al interior de las comunidades con la presencia de gente armada para provocar un conflicto que desencadenara hechos de sangre”.
Después, aprovechando la división comunitaria creada por el propio gobierno, “y la presencia de grupos de choque dentro del área de conflicto, los grupos de poder económico y políticos azuzaron a sus aliados para atizar la hoguera de la violencia. Perversamente se alentó la confrontación entre las mismas familias y las autoridades dejaron que ellas mismas ajustaran cuentas”.
Además del gobierno, uno de los responsables directos de esta división inducida con dinero y miedo es Humberto Marín, de la empresa Kimbar e influyente extractor de grava, cercano al gobernador Astudillo, quien lleva cuatro años alentado la persecución contra Suástegui. El pertinaz vocero de CECOP ya estuvo preso en dos ocasiones anteriores; la última, en 2014, incluyó nueve meses en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit “para quebrarlo”, dice su cuñada Samantha. No lo consiguieron. También se encuentra recluido en Las Cruces Vicente Suástegui, hermano de Marco Antonio.
El pasado siete de enero en La Concepción, dentro de esta misma comunidad agraria de Cacahuatepec compuesta por 47 poblaciones, en la madrugada perdieron la vida ocho personas, y cerca del mediodía, en un operativo policiaco del gobierno, otras tres.
Tlachinollan expone: “El estigma contra el CECOP y el linchamiento de policías comunitarios de La Concepción, tachados todos como delincuentes, evidencia la estrategia del gobierno del estado de acabar con un movimiento legítimo y de presentar a los defensores comunitarios como responsables de los asesinatos.
La postura facciosa de las autoridades estatales no es ninguna garantía para que las familias agraviadas logren justicia, porque desde el momento en que sucedieron los hechos, las autoridades actuaron con parcialidad. No realizaron una investigación objetiva ni imparcial, y lo peor de todo es que prefirió accionar sus armas contra los policías comunitarios para ejecutar a tres de ellos, como la forma más burda de ajustar cuentas”.
Según el organismo, con sede en Tlapa y cercano a las policías comunitarias de la Montaña y la Costa de Guerrero (CRAC-PC), a la cual pertenecen los “comunitarios” de La Concepción, “el orden que debieron imponer las corporaciones policiales devino en ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales y agresión a periodistas. Estas graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso no nos llevará al camino de la justicia, por el contrario, nos coloca en el estado de la barbarie, donde impera el uso de la fuerza letal”.
Defender la tierra “con el acero en la mano”, como lo ha hecho el CECOP a lo largo de 14 años, “no da el derecho a las autoridades para ejecutar a policías comunitarios, ni calificar como delincuentes consumados a los miembros del CECOP, violentando con ello el principio de presunción de inocencia”, concluye Tlachinollan.
l abogado Rogelio Teliz, representante legal de los comuneros detenidos, menciona en entrevista las maniobras de la Procuraduría Agraria para organizar asambleas comunitarias apócrifas en busca de allanar el paso al empresario Marín y, en el largo plazo, al nunca abandonado proyecto de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa La Parota e inundar grandes extensiones de los poblados indígenas y de afrodescendientes en las riberas del gran río Papagayo.
“Los empresarios iniciaron acciones legales contre el CECOP con el apoyo del Estado”, apunta Teliz. Como los comuneros han impedido la extracción de rocas y han detenido camiones cargados de grava y piedras del río (que se sustraen en grandes cantidades), les han levantado cargos de despojo y robo”. El CECOP inició un juicio agrario (expediente 847/2017) y obtuvo sentencia favorable del Tribunal Unitario Agrario 41. “Determinó que el empresario no puede comprar tierras de la comunidad, no es miembro de la asamblea, no puede explotar el río, ya que adquirió el ‘permiso’ por fuera de la comunidad”. En represalia, hay once muertos, 25 presos, muchos pueblos divididos, y miedo.
