Vinculan con 15 desapariciones forzadas a 3 ex jefes policiacos en Veracruz

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La Jornada.

Ciudad de México. Diesciséis policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz y tres ex mandos de esa dependencia fueron presentados la madrugada de ayer ante un juez de control por su probable participación en al menos 15 desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos durante la administración estatal encabezada por Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).

Los ex jefes policiacos que comparecieron –dos de ellos militares– son el ex director de Fuerza Civil (corporación de élite de la SSP), Roberto González Meza, detenido e ingresado la noche del miércoles al penal de Pacho Viejo; José López Cervantes, Comandante Black, ex líder de la Fuerza Civil, y el ex director de Prevención y Reinserción Social José Óscar Sánchez Tirado, preso desde septiembre de 2017, acusado de la desaparición de Carlos David Bautista López.

En tanto, se giró orden de aprehensión por el mismo delito contra Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la SSP, recluido en el reclusorio de Pacho Viejo desde 2017 acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad, y contra José Nabor Nava Holguín, quien fue subsecretario de la SSP y secretario de agosto a diciembre de 2016. Este último no ha sido detenido y las autoridades ofrecen un millón de pesos de recompensa a quien proporcione información que lleve a su captura.

El gobierno de Veracruz, a cargo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, informó que a la mayoría de los 16 policías de la SSP se les investigaba desde el inicio de la actual administración y no fueron destituidos para evitar que se fugaran.

Grupo de élite ideado y manejado por militares

En cuanto a los ex mandos policiacos, González Meza, de 42 años de edad, es originario de Chilpancingo, Guerrero. En 1996 se graduó como oficial de infantería en el Heroico Colegio Militar.

Formó parte del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales de la Segunda Región Militar, con sede en Durango, en el periodo 1998-2001, y en Culiacán, Sinaloa, de 2001 a 2002.

Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se desempeñó como director de la Fuerza Civil. González Meza fue el responsable de la proyección, creación, organización, reclutamiento, comando y dirección de esa corporación de élite, creada en la pasada administración.

Nava Holguín, originario de Minatitlán, Veracruz, se graduó del Colegio Militar en 1992. Durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) fue secretario particular de Sergio López Esquer, el primer militar que fue titular de la SSP en el estado.

Con la llegada de Duarte de Ochoa a la gubernatura, Arturo Bermúdez rindió protesta como titular de la SSP y fue el propio José Nabor Nava Holguín quien pidió ser subsecretario.

Durante el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita estuvo al frente de la SSP y sus principales mandos policiacos fueron Sánchez Tirado y Nava Holguín.

Organizaciones no gubernamentales documentaron entre enero de 2013 y octubre de 2016 al menos 87 desapariciones forzadas en Veracruz, en 54 de las cuales se sospecha que hubo participación de elementos de la policía estatal y de corporaciones municipales.

La detención de policías de Veracruz implicados en desapariciones forzadas –entre ellos algunos que fueron comandantes durante el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-2016)– no necesariamente garantizará el acceso a la verdad y la justicia, señalaron las madres de dos jóvenes desaparecidos en la entidad en 2013.

Lucía Díaz y Perla Damián, directora e integrante, respectivamente, del Colectivo Solecito de Veracruz, señalaron que sólo si hay voluntad política se podrá conocer el paradero de sus hijos y lograr justicia, lo que incluiría procesar por ese delito a Duarte.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que ha acompañado a familiares de víctimas de desaparición forzada, señaló que la detención de los policías veracruzanos apunta a una estructura criminal que operaba en la entidad.

Las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Rnped) de la Secretaría de Gobernación indican que en Veracruz hay 726 desapariciones reportadas (202 del fuero federal y 524 del fuero local).

Además, en enero de 2018, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se habían identificado 102 lugares en los que se han localizado 343 fosas clandestinas, entre ellas la megafosa de Colinas de Santa Fe, donde se han detectado 14 mil restos óseos. Sólo en 2017 se hallaron en la entidad 31 fosas clandestinas. Para Gutiérrez, estas cifras dan cuenta de la magnitud y gravedad del fenómeno.

Lucía Díaz consideró que los números del Rnped son muy bajos. La fiscalía tiene abiertos más de 3 mil 600 expedientes por ese delito, pero nosotros calculamos que en 10 años se han dado hasta 30 mil desapariciones en el estado.

Persiste el delito

Consideró que si bien la detención de los 19 policías implicados en este ilícito es una buena noticia, se debe tomar con reservas. Si no se integran en forma adecuada las investigaciones y el proceso es irregular, hay riesgo de que (los detenidos) queden libres. Agregó que las desapariciones forzadas persisten en la actual administración.

Perla Damián desconfía de la fiscalía estatal. Eran los mismos funcionarios del gobierno del estado los que desaparecían y siguen desapareciendo a nuestros jóvenes. Una cosa importante es que los detenidos hablen y por fin demos con el paradero de nuestros hijos.

Recordó que su hijo, Víctor Álvarez Damián, fue detenido por policías y marinos el 11 de diciembre de 2013 y desde entonces no se sabe de él. Debido a que las investigaciones no avanzaban, la mujer tramitó un amparo contra la fiscalía para agilizar el proceso. El juez ha citado al fiscal especial de Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien no ha acudido a las audiencias y niega ser el fiscal a cargo. Con esa falta de voluntad no podremos avanzar.

En tanto, el director de Idheas destacó el valor de la fiscalía de la entidad y exhortó a las autoridades de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y el estado de México a seguir este ejemplo y detener a mandos policiacos involucrados.