La Jornada.
Ciudad de México. El Estado mexicano ha fracasado en su función básica de brindar justicia y seguridad a la población. La evidencia “es irrefutable”: el país acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento. Así lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por el organismo a su cargo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ombudsman aseveró que es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales.
“Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que vive el país, con especial gravedad en diversas regiones, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección en la vida, integridad y bienes de quienes habitamos en este país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello, a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”.
Subrayó que la seguridad es un derecho humano y es, a la vez, una condición necesaria para que se ejerzan a plenitud otros derechos humanos. “Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por ser autoritarias”.
Para González Pérez la respuesta a la violencia e inseguridad que se padece, no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. “La tentación de buscar soluciones de este tipo constituye, por sí misma, un verdadero riesgo para nuestro Estado democrático de derecho y no garantiza, en modo alguno, que se reduzcan los índices delictivos, que se abata la violencia o que se ejerza verdadera justicia”.
Las estrategias e seguridad, lamentó, siguen siendo de carácter eminentemente reactivo y se ha dejado de lado la prevención. Al grado que el Programa Nacional de Prevención mereció solo el 1 por ciento del presupuesto del Ejecutivo federal en el 2016 y para el 2017 se canceló completamente el subsidio.
“Apostar al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que propician y generan la inseguridad y la violencia, así como a la creación de una ciudadanía responsable, y de una sólida cultura de la legalidad y de los derechos humanos, ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que ha tenido un costo altísimo para todas las personas. La violencia no reducirá la violencia. En México la inversión en prevención es insuficiente y crece mucho más el gasto en medidas de control y uso de la fuerza. El desequilibrio provoca, entre otros factores, que los resultados no sean los esperados”, por lo que criticó la aprobación de la ley de seguridad interior.
Advirtió que el recurso, en principio extraordinario y temporal, de recurrir a las fuerzas armadas en Tareas de seguridad pública ha ocasionado en los hechos un abandono de las policías y que en la práctica, el postulado constitucional relativo a que la seguridad pública sea responsabilidad de autoridades civiles esté lejos de ser una realidad en la totalidad del país.
Citó el informe de fiscalización de la cuenta pública 2014, que detalla que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional crecieron casi en 400 por ciento entre 2007 y 2014, mientras el número de militares desplegados en promedio creció casi 70 por ciento en ese periodo, al mismo tiempo que en esos años la formación profesional, real y verificable de policías civiles, así como la dotación de recursos y la generación de capacidades en las mismas que les permitieran hacer frente a las actividades de las organizaciones criminales, no presentó esas tasas de crecimiento o desarrollo.
“El gasto federal en seguridad, entre 2006 y 2016, pasó de aproximadamente 130 mil millones en 2006, a alrededor de 264 mil millones en 2016. Es decir, este gasto se duplicó en términos reales durante este periodo, lo cual representa un ritmo de crecimiento mayor al del gasto neto federal y al de la economía en su conjunto (el PIB creció 23 por ciento durante este periodo). Si sumamos los recursos que desde 1996 se han erogado en este rubro habríamos superado el millón de millones de pesos en un ámbito en el que los resultados están lejos de ser, cuando menos, aceptables. Lo anterior, es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos, no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.
También es urgente, subrayó, hacer frente y abatir la impunidad y la corrupción, entendiendo que esa tarea involucra, tanto a las autoridades como a la propia sociedad.
La corrupción debe reprobarse, perseguirse y castigarse, para que deje de ser una práctica redituable para quien la lleva a cabo. “La corrupción no es una cultura, es una costumbre que debemos cambiar y erradicar de México”, asentó en alusión a los dichos que el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien ha asegurado que ese flagelo es un problema de orden cultural.
González Pérez lamentó que el propio Peña Nieto y el resto de los poderes de la Unión, así como las autoridades estatales y municipales no atendieran los resultados y propuestas emanados de la primera Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que se realizó en junio de 2011, donde surgieron 36 ideas centrales para abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.
“No se encontró eco entre las autoridades, que optaron por caminos y rutas distintas a las sugeridas en ese texto. Las estrategias de seguridad no se centraron en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos. A casi siete años de distancia, la realidad ha puesto en evidencia que las acciones emprendidas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, no fueron ni eficaces, ni eficientes. El entorno complejo que se enfrentaba en nuestro país en 2011, no es más alentador en 2018”.
En su turno, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, señaló que nuestro país presenta desaparición forzadas, ejecuciones, abusos de las fuerzas armadas, prácticas sistemáticas de Tortura y tortura sexual, amedrentación, y las distintas faceta de la violencia de género.
“Esperamos que los resultados de este segundo encuentro incidan positivamente en las políticas que habrán de implementarse para abatir los índices de violencia”. El rector también criticó la aprobación de la ley de seguridad interior.
Los resultados de este encuentro se entregarán, una vez más como se hizo en el pasado, a los actores políticos y a los aspirantes a cargos de representación popular, incluidos los candidatos a la Presidencia de la República, confiando en que ahora sí, las propuestas tengan eco entre ellos y puedan ser aplicadas en las políticas y estrategias en la materia.
