La Jornada.
Ciudad de México. Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para demandar al Estado mexicano que detenga la entrega de territorios del país a compañías nacionales y extranjeras que pretenden extraer recursos petroleros no convencionales mediante la fractura hidráulica.
La protesta se realizó a las 10 de la mañana, unas horas antes de que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hiciera la presentación oficial de la tercera convocatoria de la ronda 3, en la que se licitarán a particulares áreas terrestres no convencionales en la Cuenca de Burgos, en el estado de Tamaulipas.
Claudia Campero, integrante de la organización, explicó que los recursos no convencionales son aquellos que requieren de procesos distintos a los tradicionales para su extracción, como es el caso de las rocas lutitas en cuyo interior existen hidrocarburos y gas.
“Aunque hagas un pozo y trates de sacar el hidrocarburo no va a liberarlo fácilmente, por eso se requiere del uso de la fractura hidráulica, que involucra de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, mezclado con arena y químicos, muchos de ellos tóxicos, y que es a través de esta presión y rompimiento de las rocas que se puede liberar parte de hidrocarburo que está ahí”.
La activista, quien también forma parte de la organización Food & Water Watch, señaló que la evidencia científica ha demostrado que el metano, el principal componente del gas natural, tiene un potencial de calentamiento 86 veces mayor al dióxido de carbono y su fuga a la atmósfera en el proceso de fracking tiene un impacto incluso mayor que el producido por la quema de carbón.
Detalló que las normativas desarrolladas por el gobierno mexicano a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no representan una solución para atender los peligros del fracking, pues el monitoreo de las operaciones, el informe de eventuales daños y la evaluación de los impactos ambientales quedan en manos de los propios regulados, mientras el papel de la autoridad se limita a pedir a las empresas que entreguen la información que sustente que están cumpliendo con los lineamientos.
“La única vía responsable para evitar estos impactos es prohibir su uso aplicando el principio precautorio, tal como ya han hecho Francia, Irlanda, Bulgaria, Alemania y Escocia, así como los estados de Nueva York y Maryland en Estados Unidos y la provincia de Entre Ríos, en Argentina”, comentó.
Beatriz Olivera, también integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dijo que actualmente los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Tamaulipas ya están siendo afectados por dicha actividad y alertó que los planes del gobierno incluyen extenderla a San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca.
Agregó que entre las principales afectaciones a la salud documentadas por el uso del fracking se encuentra un aumento considerable en los casos de cáncer de mama por la presencia de benceno, aumento de nacimientos prematuros y alergias.
El documento entregado por las activistas fue recibido por el director del área de lo contencioso jurídico de la CNH, Miguel Ángel Ortíz Gómez director. “Nos dijeron que nos darán una respuesta eventualmente”, señaló Campero.
