La Jornada.
Porfirio Muñoz Ledo, Javier Quijano, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jorge Eduardo Navarrete y Miguel Ángel Velázquez acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a presentar un documento por el cual plasman la preocupación en torno a que “los procesos electorales en nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza” en los últimos años.
Los cuatro representantes de quienes firmaron el documento se reunieron en privado con la presidenta del tribunal, Janine Otálora. Ahí, en el bunker del tribunal, manifestaron que las irregularidades en materia electoral se multiplican entre los partidos políticos, sus actores y los funcionarios públicos. La triangulación de fondos con fines electorales es recurrente; el multimillonario desvío de recursos es inaceptable, demostrando esto “la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país”.
Los exponentes del documento refieren los fraudes electorales de 2006 y 2012, y los abusos en los comicios del Estado de México y Coahuila, como elementos a revertir en el proceso del presente año.
“Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría”.
De tal forma, insisten los firmantes, entre quienes se encuentran Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Concha, Alejandro Encinas, Roberto Eibenschutz, Daniel Giménez Cacho, Jorge Eduardo Navarrete y Santiago Nieto, urge “que todos los partidos políticos y candidatos cumplan estrictamente la ley, y hacemos un llamado responsable a las entidades responsables para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente”.
Así, el documento propone que el INE publique informes pormenorizados de candidatos y partidos; promover acuerdos de civilidad política; sancionar severamente las campañas negras; instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña.
También coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción, con objeto de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos. También flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero; investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos del candidato PRI-PVEM-Panal, y el titular de la unidad técnica de fiscalización del INE, y, de comprobarse, proceder a la destitución del titular.
