Proceso.
Ciudad de México. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos respaldaron el informe “Doble injusticia” que ayer dio a conocer el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, donde se asienta que al menos 34 de los 129 procesados por el caso habrían sido torturados.
De manera paralela, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado que en su propio expediente del “caso Iguala” ha integrado 57 quejas por tortura, y anunció la incorporación del documento de la ONU-DH a su investigación.
En conferencia de prensa, familiares de los jóvenes desaparecidos y sus representantes legales aclararon que no defienden “delincuentes”, y exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) sacar la “verdad histórica” de la relatoría del caso, para enfocarse en esclarecer las cuatro líneas de investigación pendientes de resolver.
Mario González Contreras, padre de César Manuel, uno de los jóvenes desaparecidos, consideró que el informe de la ONU-DH vino a confirmar que “tenemos un gobierno mentiroso y asesino que nos quiere imponer una verdad, pero la verdad bajo tortura es mentira”.
En su oportunidad, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, hizo una relatoría en la que subrayó cómo los familiares de los desaparecidos fundaron sus esperanzas en que la PGR resolvería el caso, dado el virtual involucramiento de autoridades estatales y municipales de Guerrero con el crimen organizado, y cómo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desbarataron la “verdad histórica” expuesta por el exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Desde el principio nosotros estábamos seguros de que no era posible que hubiera ocurrido la ‘verdad histórica’. Ya se demostró científicamente que no ocurrió, pero insisten en imponerla bajo tortura, pero nosotros sólo queremos la verdad”, apuntó.
Sobre la detención de Erick Uzziel, “La Rana”, Epifanio Álvarez Carbajal destacó que “no es relevante”.
Para los padres y madres, subrayó, los actores relevantes que deberían ser detenidos son dos policías federales que estuvieron presentes en el momento en que al menos 20 estudiantes fueron sustraídos por uniformados, así como policías de Huitzuco que también participaron, y de igual manera tendrían que ser llamados a cuentas el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador del estado Iñaki Blanco.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), consideró que ante el nuevo informe que desmiente la versión oficial de los hechos –que asegura que los jóvenes fueron ejecutados, calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan–, “la administración de Enrique Peña Nieto se encamina hacia la confirmación de su responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos”.
El defensor puntualizó que mientras no se establezca la responsabilidad de la “Policía Federal, de miembros del Ejército Mexicano, de autoridades estatales, así como de corporaciones municipales, no sólo de Cocula e Iguala, sino de Huitzuco, Apaxtla, Tepecoacuilco y Taxco, el caso distará de ser esclarecido”.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que el informe de la ONU-DH es un reflejo más de “cómo se ha ido enturbiando el proceso, lo cual nos impide conocer la verdad”.
Tras señalar que ha sido la PGR la que “ha ensuciado la investigación”, Rosales destacó que gracias a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI y ahora la ONU, se ha podido desarticular la versión oficial.
A su vez, la CNDH informó que a la fecha ha recibido 72 quejas de presuntos inculpados por la desaparición de los 43 normalistas, “de los cuales cuatro son por posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 57 por la posible comisión de actos de tortura”.
El organismo explicó que para la documentación de quejas por tortura y malos tratos ha recurrido a un grupo multidisciplinario para la aplicación del Protocolo de Estambul, incluidas valoraciones médicas y psicológicas.
De la misma manera, señaló, “se han formulado requerimientos de información a la PGR, a distintos Centros Federales de Readaptación Social y a juzgados federales, sobre las actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios”.
Y, luego de advertir que continuará colaborando e intercambiando información con la ONU-DH, la CNDH apuntó que “ha existido dilación por parte de las autoridades para cumplir con lo solicitado, cuestión que –recalcó– ha dificultado la integración de los expedientes respectivos e incidido en la dinámica de la investigación en curso”.
