Proceso.
Ciudad de México. Los decomisos de madera ilegal que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”, es decir, al menos el 70% de la mandera que se consume en el país es ilegal, denunció Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
La académica señaló que el 60% del territorio nacional es forestal, pero no hay una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales como el agua, suelo y biodiversidad, de forma sustentable.
Además, dijo, más del 69% del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros.
“Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica” y presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, afirmó.
En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), dedicada a los bosques en crisis, la antropólago refirió que en el ámbito social las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas.
“Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”, dijo, pues gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque.
La experta aseveró que alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, que representan el 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.
Por ello consideró que existe un enorme potencial y se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes conservan el 25% de las denominadas áreas bajo aprovechamiento.
El clandestinaje forestal, alertó Merino Pérez, tiene “fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales”, ya que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.
Respecto al tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”.
Actualmente el SUSMAI preparan un diagnóstico sobre la problemática del país, que será llevado ante quien gane las elecciones para encabezar el próximo gobierno federal.
