El País.
Ciudad de México. Contra la muerte, más muerte. El presidente Donald Trump apeló hoy en New Hampshire a la pena capital para los traficantes de drogas como freno a la terrible epidemia de sobredosis que barre Estados Unidos y que solo el año pasado segó más vidas que toda la Guerra de Vietnam. La petición, que será incorporada por la fiscalía federal, vino acompañada de la amenaza de demandas civiles y criminales contra las farmacéuticas, cuya producción y venta masiva opiáceos para el dolor son el detonante de la crisis sanitaria. “Tenemos que ser duros con los traficantes de droga y esto incluye la pena de muerte. Ellos acaban con la vida de miles de personas y solo reciben multas o condenas menores. Pero si alguien mata a una persona, se le condena con cadena perpetua o a la pena capital. Ganaré esta batalla”, clamó el mandatario.
Trump atacó un problema que sabe profundo y creciente. El año pasado murieron por sobredosis en EEUU 63.600 personas, siete veces más que en toda la Unión Europea Noruega y Turquía. El 66% de estos fallecimientos se debió a los opiáceos. Pero no se trata solo de heroína, sino también de fármacos de prescripción. En 15 años, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, las recetas de opiáceos contra el dolor se han triplicado. Solo el año pasado se distribuyeron 6.200 millones de pastillas de hidrocodona (Vicodin) y 5.000 millones de oxicodona (Percocet). Se trata de un enorme negocio que nadie ha querido frenar. En el país hay ahora mismo dos millones de adictos y, como revela un estudio de Jama Psychiatry, el 75% de los heroinómanos empezó con estos analgésicos opioides.
A ello se suma la mejora de la producción y tráfico de opio. Las montañas de Sinaloa y Guerrero se han vuelto los principales semilleros de América. Y los cárteles han empezado a sintetizar en masa los aditivos que disparan las sobredosis, sobre todo, el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína.
El resultado es devastador. El coste económico, según la Casa Blanca, es de 500.000 millones al año (casi la mitad del PIB español), la esperanza de vida ha descendido y los decesos han aumentado hasta tal punto de que en pequeños condados como Butler (Ohio) se registra una tasa de mortalidad por esta causa 60 veces superior a la española.
Todo ello ha llevado a declarar la emergencia sanitaria y a preparar un plan de acción gubernamental. Para presentarlo, Trump eligió una de las zonas más castigadas, New Hampshire. El paquete de medidas parte de un triple enfoque: reducir la prescripción de opiáceos legales, endurecer la represión y facilitar los tratamientos de deshabituación.
Para aminorar el uso y abuso de fármacos, la Casa Blanca propone combinar campañas de concienciación, mejorar la investigación y, sobre todo, recortar las recetas un 33% en tres años. Para ello, se va a exigir que las prescripciones a cargo del erario federal se ajusten a un código de buenas prácticas.
En la vía persecutoria, el plan de Trump proponer aumentar la vigilancia en fronteras y presionar a China y México para reducir el tráfico de heroína y precursores. “El muro servirá para mantener las drogas fuera”, afirmó Trump.
Otro apartado se dirige a “desplegar una estrategia agresiva” tanto por la vía civil como la criminal contra los doctores, productores y distribuidores de opiáceos que no cumplan la ley. Esta medida puede tener enormes implicaciones en tanto que las farmacéuticas y comercializadoras, al igual que ocurriera con la industria del tabaco en los años noventa, ya se enfrentan a cientos de demandas públicas y privadas por haber fomentado la adicción de los pacientes. “Da igual que seas traficante, médico o fabricante, si vendes veneno te perseguiremos y te haremos responsable”, dijo el presidente.
El punto más polémico de la iniciativa recae en la petición de la pena de muerte. No es algo extraño en Trump. En más de una ocasión, ha manifestado su querencia por la pena capital para los narcotraficantes. “Algunos países aplican la pena máxima y tienen menos problemas de drogas que nosotros”, ha llegado a decir.
En esta línea, el Departamento de Justicia pedirá la ejecución de los traficantes de drogas “donde sea apropiado bajo la ley actual”. Este endurecimiento de los criterios de la fiscalía ha generado dudas entre los expertos. Para la Casa Blanca se trata de una directriz que tendrá que dirimirse en los juzgados. “Hemos de ser duros, es lo que temen y son mala gente. Si no lo hacemos perdemos el tiempo. Y no estoy dispuesto”, afirmó.
La naxolona es el salvavidas de los toxicómanos. En caso de sobredosis, su administración la revierte fulminantemente. Y en un país de donde se registraron en 2016 más de 1,3 millones de atenciones hospitalarias por opiáceos, su uso se ha extendido como la pólvora. Pero también ha encontrado la resistencia de quienes, hartos de tratar a heroinómanos, prefieren verlos morir. Eso ocurrió en el condado de Butler (Ohio), donde la policía se negó a facilitarlo e incluso algunos concejales pidieron que no se diera tratamiento a los toxicómanos si eran reincidentes y no podían pagarlo. “No ataca la raíz del problema: sólo lo prolonga”, argumentaba el sheriff local.
La enorme polvareda levantada por esta inhumana negativa ha llegado a la Casa Blanca. Y ha hallado respuesta. En su plan antidrogas, el presidente disipa cualquier duda y promueve el uso de la naxolona en todos aquellos que traten con drogadictos.
