La Jornada.
Ciudad de México. A pesar del desarrollo de la alerta temprana para prevenir acciones contra periodistas y defensores de derechos humanos, en Chihuahua “el ambiente sigue siendo adverso a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral”, denuncia la organización Artículo 19.
En su más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión y la prensa en el país, titulado Democracia Simulada. Nada que Aplaudir, la organización señala que incluso casos paradigmáticos como el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en ese estado asesinada el 23 de marzo de 2017, prevalecen en la impunidad.
El informe señala que la periodista asesinada hace casi un año denunció en sus reportajes la simbiosis entre crimen organizado y autoridades en Chihuahua. “En sus investigaciones periodísticas publicadas en el diario La Jornada, documentó cómo los cárteles habían logrado imponer a sus operadores como candidatos por el Partido de la Revolución Institucional y por el Partido Acción Nacional a las presidencias municipales en una ruta hacia la frontera norte, por donde podrían traficar, sin ningún inconveniente, todo lo prohibido. Esos reportajes le costaron la vida el 23 de marzo de 2017”.
Agrega que el efecto nocivo es aún mayor con los vacíos informativos que quedan como consecuencia de los asesinatos, desapariciones y desplazamientos de periodistas. Tan sólo en Chihuahua, tras el asesinato de la corresponsal de La Jornada y el desplazamiento de su colega y amiga Patricia Mayorga —consecuencia de amenazas y del asesinato de Breach— “ha dejado un vacío de información del tema de derechos humanos, desplazamientos y violencia en la sierra chihuahuense, porque ellas dos eran quienes, principalmente, cubrían esos temas”.
La organización reporta que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han dado mil 986 agresiones contra periodistas en el país. Hasta hace años, añade, se partía del análisis de que las autoridades agredían y el crimen organizado asesinada. Pero al cierre del actual sexenio “las líneas son cada vez menos claras. La narcopolítica torna imposible, en la mayoría de los casos, trazar una frontera entre el crimen organizado y los funcionarios públicos. Así se ha hecho visible en, por ejemplo, el caso de Breach.
“En este sentido, ante la falta de investigaciones diligentes, exhaustivas, completas e imparciales, resulta casi imposible que pueda determinarse, al menos como verdad jurídica, la calidad de los sujetos que idearon y cometieron los asesinatos. Tomando en cuenta la totalidad de las agresiones (incluidos asesinatos y desapariciones de periodistas), la alta incidencia de agresiones imputable a funcionarios públicos es una explicación razonable de los niveles de impunidad que alcanzan los delitos contra la prensa en razón de su labor informativa”, señala el informe, que se presentará este martes.
