La Jornada.
Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos recibió 75 quejas por desapariciones en general en los últimos cinco años, donde seis no se han concluido, y se tienen abiertas otras seis por desaparición forzada, informó su presidenta, Nashieli Ramírez.
En la presentación del Manual para la aplicación de la Ley General sobre Desaparición de Personas y el Protocolo Homologado de Búsqueda llamó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a emitir la convocatoria para conformar la Comisión de Víctimas.
Mientras a la Procuraduría General de Justicia capitalina la exhortó a crear la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos, pues el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) no es un órgano de investigación, sino administrativo, de emisión de oficios.
Ante representantes del gobierno federal y organismos de la sociedad civil afirmó que “la ciudad de México es un oasis, pero no lo es y no está exenta de sus implicaciones, aunque no podemos compararnos con Coahuila con desapariciones masivas”.
La necesidad por ello de ir a la delantera y contar con la comisión y fiscalía, donde estamos atrasados, pues la simple publicación de la Ley de Víctimas no basta, a fin de contar con entes más robustos, con biobancos, por ejemplo.
El tema sin embargo no está en la cancha de la Jefatura de Gobierno, pues según la ley aprobada en diciembre toca a la ALDF, que debe emitir la convocatoria para integrar la terna de cómo se elegirá a quién estará al frente de la comisión y cómo se armará.
Desde la semana pasada, se hizo el exhorto a la Cámara de Senadores a que incluya a la ciudad de México, para apurar a que se conforme esa comisión y esperamos que lo atienda en el actual periodo de sesiones y, de no lograrlo, que “paren el reloj legislativo hasta que termine”, consideró.
Juan Carlos Gutiérrez, director general de I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lamentó que la ciudad no haya cumplido con la conformación de ambas instancias y, por ende, no existe una adecuada capacitación y asesoría a las víctimas, y se actúe a favor de ellas.
Hoy, destacó, no existen asesores jurídicos, no existe una ley de atención a las víctimas al cargar todo el peso en el Capea, que no es un órgano de investigación, y el propósito de este manual y protocolo es que todas las fiscalías del país cuenten con los mismos criterios de búsqueda e investigación en los casos relacionados con personas desaparecidas.
El Estado mexicano debe demostrar con acciones certeras su voluntad institucional para combatir el fenómeno de la desaparición de personas y generar condiciones reales de investigación y búsqueda, garantizando la justicia, reparación y medidas de no repetición.
