La Jornada.
Ciudad de México.El registro de personas no localizadas en el país tiene actualmente 37 mil 435 expedientes, 40 por ciento más de lo reportado en 2014.
La mayoría (36 mil 265 casos) son responsabilidad de procuradurías y fiscalías estatales. De este apartado (denominado fuero común) cinco entidades concentran poco más de la mitad de los casos: Tamaulipas, igualmente imparable en años recientes, se acerca a los 6 mil asuntos por aclarar; estado de México reporta un acumulado de 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 27, y Nuevo León, 2 mil 895.
Del lado federal, cuya investigación corre a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), también hay aumento. Hace tres años no rebasaba el millar y ahora son mil 170 carpetas.
Ahí, tres entidades concentran casi 60 por ciento: Guerrero, con 325 (incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz, con 207 personas cuyo paradero se desconoce, y Tamaulipas, con 141.
En agosto de 2014, funcionarias del gobierno federal dijeron que se contaba en ese momento con un registro de 22 mil 322 personas en estatus de no localizadas.
Mariana Benítez, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, indicó que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron una base de datos integrada por 26 mil 121 nombres, la cual, una vez actualizada, llegó a 29 mil 707. En el primer tramo de esta administración se localizó a 17 mil 175 personas, por lo que continuaba la búsqueda de 12 mil 532.
A esa cantidad debió sumarse el acumulado del primer periodo del sexenio, de ahí que el pendiente de localización era de 9 mil 790.
Es por ello que en el segundo año del sexenio, el reto era esclarecer el paradero de al menos 22 mil personas.
La funcionaria señaló que la base de datos que recibieron al inicio de este gobierno no estaba depurada ni actualizada.
A partir de entonces, la cifra siguió en ascenso constante y no se ha dicho si ya ha sido depurada. Por ejemplo, en octubre de 2015, la suma fue de 26 mil 670 personas no localizadas, 3 mil 400 más que un año antes y así sucesivamente.
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La mayor parte de los desaparecidos tienen entre 15 y 39 años de edad. La imagen corresponde a la séptima Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia, el 10 de mayo pasadoFoto Carlos Ramos Mamahua
Desglose por edad y género
Por rango de edad, seis de cada 10 personas desaparecidas (del fuero común) son jóvenes en la franja de 15 a 39 años de edad.
Hay 5 mil 322 jóvenes no localizados de entre 15 y 19 años, mientras los de 20 a 24 son 4 mil 639.
El siguiente rango de edad (25 a 29) es el que tiene más expedientes: 4 mil 688.
A partir de la franja de 40 años, la cantidad de personas no localizadas va en descenso; aún así, hay mil 603 personas de la tercera edad en la misma situación y, en el lado opuesto, 530 pequeños, de cero a cuatro años; medio millar de cinco a nueve, y casi 2 mil niños y adolescentes entre 10 y 14 años.
Por género, la mayoría de los desaparecidos (fuero común y federal) son varones.
Por nacionalidad, casi todos son mexicanos, pero hay 384 extranjeros y 2 mil 56 cuyo origen no se especifica.
Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información que le entregan fiscalías estatales y la PGR.
La estadística más reciente tiene corte al 30 de abril pasado y fue difundida ayer.
La cifra crece sin parar; comparado con el corte de enero, se han sumado poco más de 2 mil expedientes, pese a la entrada en vigor de la primera ley general de desaparecidos, promulgada en noviembre pasado y en actuación 60 días después.
Es decir, se inició el año con un nuevo marco legal, pero falta generar sus herramientas, principalmente la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, el cual deberá quedar instalado en los próximos días.
La primera tarea del sistema será emitir los modelos para la localización de las personas.
La Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según establecen los transitorios de la citada ley general.
