La Jornada.
Ciudad de México. En México mueren 18 mil personas al año por la mala calidad del aire, cifra mayor a los 10 a 15 mil que han caído a manos de narcotráfico en los últimos 12 años, informó Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien llamó a la autoridad a impulsar una serie de soluciones adecuadas a la realidad y contexto nacional.
La falta de una política pública para atender esta problemática tiene un costo para el gobierno y la sociedad estimado en alrededor de 728 millones de pesos, principalmente por gastos en materia de salud, lo cual es “alarmante y preocupante”.
Dicho monto se eleva a 3 mil 396 millones de pesos en materia de productividad, siendo el parque vehicular -que en más de 90 por ciento utiliza motores con base a gasolina, a la cual se ha incorporado una mayor cantidad de etanol, precursor en la formación de ozono-, el principal responsable de la contaminación.
En la presentación del estudio Los combustibles y la calidad del aire en México, se refirió a que es preocupante que la norma mexicana para regular la calidad de los combustibles de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), elevó el porcentaje de etanol (un biocombustible) en las gasolinas, lo cual no tiene impactos benéficos en atacar el ozono, principal contaminante del Valle de México.
En su participación explicó que la norma 016 de la CRE, regula la calidad de los combustibles en México, y prevé la protección de las principales zonas metropolitanas donde se deberían suministrar con una composición distintas al resto del país.
“El año pasado, sin evidencia científica se modificó la norma para elevar los niveles de etanol como oxigenante en las gasolinas, esto preocupa por las consecuencias del riesgo de que el ozono aumente, con daños a todo el país. Los biocombustibles (como el etanol) no tienen impactos positivos significativos en el ozono, no pueden emplearse como sustituto perfecto para las gasolinas, se ha demostrado que puede tener consecuencias negativas en el medio ambiente por el mayor uso de los recursos naturales”. Apuntó que este año la CRE anuncio la intención de revisar esa norma.
Hasta el momento, no se ha documentado que el uso de etanol o biocombustibles tengan un impacto positivo significativo, además de que no es un sustituto adecuado por las gasolinas y “sí puede generar un mayor daño negativo al utilizar más recursos naturales, propiciar un incremento de precios de éstos y generar menos energía”, señaló.
Acompañado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez, adelantó que este año la Comisión Reguladora de Energía revisará dicha norma relacionada con la calidad de los petrolíferos y que establece cuatro zonas con características específicas para las gasolinas.
Para las tres primeras, como son la Zona Metropolitana de Guadalajara, de Monterrey y del Valle de México establece especificaciones más estrictas, pues se determinó que los valores límite contemplados son los adecuados respecto a las necesidades del país en materia de medio ambiente y salud.
Sin embargo, la modificación de la norma implicó un retroceso en la protección de la salud de las personas y del medio ambiente al reducir las restricciones en la calidad de las gasolinas, puntualizó.
