La Jornada.
Ciudad de México. Cinco entidades concentran 60.3 por ciento de los casos de homicidios de periodistas en el país. Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que de los 136 asesinatos de comunicadores de 2000 a la fecha, en Veracruz se han perpetrado 22; en Tamaulipas, 16; en Oaxaca, 15; el mismo número en Guerrero, y 14 en Chihuahua.
En el contexto del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora el 7 de junio, el organismo nacional señaló que será hasta que todos los periodistas del país gocen de las condiciones idóneas para realizar sus actividades en un entorno seguro que México podrá considerarse un Estado democrático donde la libertad de expresión no sea sólo una mera aspiración legal, sino un derecho ejercido y disfrutado por todos sus ciudadanos.
Uno de los requisitos para alcanzar esta meta es prevenir las agresiones y sancionar conforme a derecho aquellas que se hayan cometido, llevando a los responsables ante la justicia, pues la repetición de estas conductas y la falta de castigo genera no solamente un alto índice de impunidad, sino también regiones enteras del país donde la noticia no se publica ante el miedo de periodistas y medios de comunicación de sufrir una agresión, planteó al posicionarse sobre la situación del gremio periodístico en el país.
Señaló que los homicidios y desapariciones de periodistas, así como todas y cada una de las agresiones contra comunicadores que se cometen en México, dan cuenta de una situación especialmente grave para la libertad de expresión, por lo que se requiere del compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno para acabar con esta problemática de alto riesgo y propiciar condiciones de libertad y seguridad para todos estos profesionales.
La CNDH detalló que da seguimiento puntual a la situación que enfrenta el gremio periodístico en el país, y desde 2016 se pronunció a través de la recomendación general 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, respecto del incremento de las agresiones contra este sector, por lo que se hicieron distintas propuestas de política pública para combatir ese fenómeno, y que en mayo de 2017 los gobiernos federal y de las entidades federativas se comprometieron a darle cabal cumplimiento.
Con el objeto de conocer el compromiso y las acciones implementadas por los gobiernos federal y estatales en cumplimiento a esta recomendación, se ha solicitado a diversas dependencias del Ejecutivo federal y a los titulares de los gobiernos de las 32 entidades un informe al respecto, cuyas respuestas serán motivo de análisis por parte del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez.
Es importante destacar que estamos inmersos en el proceso electoral más amplio en la historia de nuestro país, contexto en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben garantizar acciones de coordinación y seguridad enfocadas en la prevención de cualquier afectación a periodistas y medios de comunicación, para garantizar que desarrollen la cobertura de las elecciones y demás actividades relacionadas con su labor sin ser sometidos a agresiones o represalias de ningún tipo, concluyó.
