Proceso.
Ciudad de México. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una “alerta temprana” por la situación de “alto riesgo” que enfrentan indígenas zapotecas de Unión Hidalgo por su oposición a megaproyectos de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los defensores de derechos humanos de esa comunidad han sido expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en su lucha por la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales.
La “alerta temprana”, mecanismo previsto en la Ley de la Defensoría, está dirigida a las principales autoridades del Estado para que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la población de Unión Hidalgo.
El organismo solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a las secretarías General de Gobierno; de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; de Seguridad Pública, y de Asuntos Indígenas, así como a la autoridad municipal de Unión Hidalgo, que apliquen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de esas personas.
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De igual manera, consideró que los activistas de Unión Hidalgo realizan su labor en medio de la violencia e inseguridad, por lo que es necesario prevenir –a través de recomendaciones– posibles violaciones masivas a los derechos humanos en contextos de conflicto y amenazas de impacto social.
A raíz de la promoción del corredor eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas, se implementaron diversos proyectos en la región, incluido el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la empresa Renovalia Energy, que se instaló en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca.
Ese hecho género que los pobladores emprendieran acciones legales en defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales, y en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.
A partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos, la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú”, propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.
Esta situación desencadenó una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a los derechos humanos por no garantizar el respeto a los principios, es decir, satisfacer un proceso de consulta indígena previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares para que la Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, suspendiera el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril pasado.
