Rafael García Zavaleta
Por circunstancias exigibles para garantizar mi seguridad personal, me tuve que salir del estado de Oaxaca, para no seguir toreando al diablo, ya que como lo he dicho, empecé a sufrir hechos que no dejaban lugar a dudas que se trataba de acontecimientos que ponían en riesgo mi seguridad personal y hasta mi vida, sin que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, implementara las medidas cautelares a mi favor, ordenadas por la ley, precisamente por la denuncia que hice en contra de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, ilegal Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Han pasado varios meses desde entonces, diez para ser exactos, desde la denuncia; sin embargo, ahí está la carpeta de investigación durmiendo el sueño de la impunidad porque las Fiscalías, la General y la Especializada en Combate a la Corrupción están para eso, para encubrir a los malos y a los ilegales funcionarios. A pesar de ello y de que los oaxaqueños ahora estén conscientes de la desgracia que significa el actual gobierno del estado, cuya manifestación de inconformidad y hastío se vio reflejada en las urnas electorales este primero de julio, fecha de la insurgencia nacional, aun así, sabemos que no será fácil desterrar a estos delincuentes legalizados. Con un titular del Ejecutivo, sometido a los designios de su padre, con un Congreso Local, compuesto de diputados complacientes, ignorantes y corruptos, así como un Consejo de la Judicatura, integrado por serviles magistrados que ahora estorban para el proyecto gansteril de Bolaños Cacho, que ya no quiere a nadie que le interfiera y pueda disponer salvajemente del presupuesto del Poder Judicial.
Ya se han pronunciado académicos y voces imparciales en contra de la “descabellada” propuesta de desaparecer el Concejo de la Judicatura. Mientras un grupo de corifeos que se hacen pasar como barras de abogados, dicen manifestarse a favor sin conocer a cabalidad cuál es el origen de los Consejos de la Judicatura, su significado, su relación con la trasparencia, pero sobre todo, con el tema anticorrupción. Y que lo progresivo del derecho, es que ya no puede echarse para atrás y este es el caso. Por eso reitero, esos abogadetes de las barras, no son más que lacayos del poder público judicial.
Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recientemente hicieron público su rechazo a la propuesta del gobernador del estado de Jalisco a la desaparición del Consejo de la Judicatura de ese Estado, pero aquí en Oaxaca, “expertos” en derecho e imbéciles pseudo dirigentes de barras de abogados, públicamente apoyan la nefasta propuesta de desaparecer el Consejo de la Judicatura, bajo el pretexto de que es un elefante blanco.
La función del Consejo de la Judicatura, es ser garantes de la transparencia, eficacia y eficiencia del servicio que brinda el Poder Judicial del Estado, que es precisamente administrar justicia. Optimizar los recursos humanos y económicos, es otra de sus funciones y si este Consejo no lo hubiera hecho así, no significa que deba desaparecer el Consejo, en todo caso, ya existen las leyes aplicables para que sean sustituidos por otros que sí quieran hacer bien las cosas y sancionar a los actuales malos magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura, los mismos cobardes que ayer nombraron a quien ilegalmente ostenta el cargo de Presidente de dicho Consejo y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ahora clama junto con el hijo del Iraquí, por desaparecer el Consejo de la Judicatura, para como ya antes lo dije, poder robar a sus anchas el erario público del Poder Judicial del Estado.
Lo que sí queda claro es que desde hace año y medio, en Oaxaca, se vive al margen del estado constitucional de derecho, que no hay respeto a la división y autonomía de poderes, que un tercero extraño es el que marca los destinos de los poderes del estado, el padre del gobernador, un drogadicto y borracho que piensa que puede hacer lo que quiera sin que algún día lo alcance la justicia, por lo menos la divina, que lo hace así porque sabe que todavía hay oaxaqueños cobardes, sumisos e incondicionales.
Hace más de cinco décadas que se ha impulsado la creación de los Consejos en nuestro país. Sinaloa y Coahuila fueron los primeros, pero fue a partir de 1995, cuando se implementaron los Consejos a nivel nacional. Pero es además una exigencia internacional, establecida en el acuerdo A/HRC/17/30/Add presentada ante la Asamblea General de la ONU, que en el punto 14 menciona: “Todas las entidades federativas deberán contar con un Consejo de la Judicatura a nivel estatal”.
Así mismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su documento: “Garantías para la independencia de las y los órganos de justicia”, recomienda para México: “Crear órganos independientes de gobierno y administración de las entidades de justicia.”
Independientemente de que desaparecer el Consejo de la Judicatura, para los diputados implicará reformar, modificar y remover varios artículos constitucionales del estado, como es el artículo 120, fracción primera, sobre anticorrupción, que dice: “El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoria Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana.”
Pero eso no importa, modificar, enmendar, cambiar, reformar artículos de la constitución Local, pero eso sí justificar si resulta cierto lo que dicen insistentemente en los pasillos de la Cámara Local, que ya les enviaron una carretada de dinero a cada diputado de la actual legislatura para que desaparezcan el Consejo de la Judicatura.
Mientras tanto, la actual legislatura del estado de Oaxaca, se hace tonta y no me cita a ratificar mi solicitud de juicio político en contra de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, que presenté desde hace más de quince días. Desde luego, acá no habrá carretada de dinero.
También, les comento que el juicio de amparo que me admitió el juzgado segundo de distrito, fue declinado al juzgado primero de distrito en donde ya les habían negado un amparo a los trabajadores violentados en sus derechos humanos laborales por parte del Poder Judicial del Estado. Pero resulta que a mí me sobreseyeron el juicio, pero a tiempo presentaré mi recurso y estoy seguro que una vez más, daré una revolcada al Juez federal y ganaremos el tema conforme a derecho, así como por la vía del amparo le ganamos el derecho al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, cuando se negó a informarme del estado de la carpeta de investigación y de no dar trámite a la recusación interpuesta en su contra por el conflicto de interés al inmovilizar la carpeta de investigación porque Raúl Bolaños Cacho Guzmán, resulta ser el exjefe de su padre, cuando lo tuvo como Director Administrativo en la anterior ocasión en que fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
De lo que no me cabe la menor duda es que los actuales funcionarios del estado, así como los funcionarios de los poderes de la federación, han usado las leyes para protegerse, mientras se burlan del ciudadano de a pie. Solo que conmigo, se han encontrado con un necio y creyente en la ley y la justicia…mientras tanto, pobre Oaxaca…tan lejos de Dios y tan cerca del iraquí…
