Oaxaca de Juárez. En Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, el legislador perredista, Horacio Antonio Mendoza presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que prevé establecer que la titularidad de dicho organismo, recaiga en una persona que tenga Título de Licenciado en Derecho y que acredite una experiencia mínima de tres años en conocimientos teóricos y prácticos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
En tribuna, el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló que el objetivo de esta reforma, es que el titular de la Defensoría sea un verdadero vigilante y pugne por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en la entidad, “en la actualidad, el respeto de los Derechos humanos, no sólo implica el cumplimiento de la normatividad estatal o federal, sino también de tratados internacionales de los cuales México es parte, lo que sin duda implica que se exija una mayor preparación de la persona que ocupe la titularidad de dicho organismo, con la finalidad de hacer efectiva la promoción, aplicación y defensa de los derechos humanos, pues actualmente la ley es omisa en solicitar dichos requisitos”.
Antonio Mendoza, manifestó que de acuerdo al Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017, realizado por el INEGI, Oaxaca ocupa el décimo quinto lugar en número de quejas, con un total de 3 mil 328 presentadas en el año 2016, pero también ocupa los primeros lugares en menor índice de respuesta ante violaciones de derechos humanos, “la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es la segunda a nivel nacional con expedientes rezagados, mencionándose que existen resoluciones con una tardanza en cuatros años en emitirse, esto es inconcebible”.
Finalmente el Diputado Local, dijo que la inclusión del principio pro persona en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos, ha implicado una modificación de raíz en la forma en que las autoridades deben sustentar su actuación, “las autoridades no solamente deben regirse con base a un control de constitucionalidad, sino también de conformidad con las obligaciones y estándares internacionales, lo cual en la práctica, ha significado retos importantes para la aplicación del control de convencionalidad, mismos que deben ser superados en beneficio de la sociedad”.
