La Jornada.
Ciudad de México. En medio de duros cuestionamientos de tres consejeros por la abdicación en los alcances de la fiscalización y la injustificable reducción de sanciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 876 millones de pesos por irregularidades en los informes de gastos de campaña en comicios federales y locales. En los dictámenes, se desprendían multas por 296.5 millones de pesos por irregularidades diversas en las campañas federales y el resto en las locales.
El desglose por partido de las penalidades en los comicios federales destaca una multa por 110 millones de pesos al PRI, que en total, con la sanción por las votaciones locales suma 186 millones de pesos; Morena es el segundo partido más castigado, con 43.7 millones de pesos de orden federal y un acumulado con las locales de 139.5 millones; el Partido Verde, con una multa de 20 millones de pesos por irregularidades federales y una suma total de 107 millones, según informó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.
El Partido del Trabajo (PT) tendrá una multa en el ámbito federal de 24.9 millones de pesos y una suma de 100.2 millones de pesos por comicios locales; al PAN se le aplicó una penalidad federal por 31.2 millones y un total de 89 millones de pesos; a Encuentro Social, 74.3 millones de multas en total, de las cuales 29.3 correspondieron a infracciones federales; al PRD, 66.9 millones de pesos, de los cuales sólo 18.2 millones fueron por elección federal; a Movimiento Ciudadano le impusieron penalidad total de 28.4 millones de pesos, de los cuales sólo 5.4 millones corresponden al orden federal.
En medio de la defensa que realizaron el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, de la ejemplaridad histórica de la fiscalización, la consejera Pamela San Martín denunció la injustificable abdicación de facultades y cambios en los criterios consistentes que se habían aplicado para reducir penalidades. De no haberse cambiado estos parámetros, hubieran superado los 2 mil millones de pesos, es decir, más de mil 100 millones condonados, pues habrían sido mil 400 millones de pesos en los comicios locales y 650 millones en los federales.
No hay razones jurídicamente válidas para modificar los criterios de las sanciones a la baja. Las conductas infractoras son iguales en términos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; los bienes jurídicos tutelados son los mismos; la conducta es la misma. ¿Para qué, entonces, renunciar a nuestra facultad para generar incentivos que hagan que los sujetos regulados cumplan la ley, cuestionó San Martín.
José Roberto Ruiz Saldaña secundó el golpe a la fiscalización que la mayoría de consejeros impuso para reducir los criterios para fijar sanciones de último momento. Puso en duda las motivaciones para dar este viraje que reducirá el carácter inhibitorio de esta verificación al bajar el monto aplicado por irregularidades como gasto no reportado.
La consejera Dania Ravel terció en las críticas a la imposición de la mayoría: el cambio de reglas en este momento genera una endeble garantía de la claridad de las reglas. Las modificaciones restan certeza, dijo, a la fiscalización y podrían ser estímulos para que los partidos optaran más por la sanción que por cumplir la ley.
Córdova optó por elogiar la fiscalización más grande de la historia y subrayó que ésta no puede tener necesariamente un carácter punitivo, por lo que salió en defensa de la revisión del gasto de más de 10 mil millones de pesos. Subrayó que nunca se había revisado más de 17 mil informes en tan poco tiempo. No dio una explicación del cambio de criterios.
Como tampoco la dio Ciro Murayama, quien reivindicó que el saldo de la elección refleja que el dinero ya no es el factor central que define los triunfos en la contienda. Mencionó que el monto de penalidades equivale a 8 por ciento de los recursos utilizados.
Durante la sesión también se aprobaron 435 quejas relacionados con el indebido ejercicio de recursos con infracciones que repercutieron en 3 millones de pesos en penalidades.
