La Jornada.
Ciudad de México. El trato que se le dio a 157 cadáveres no reclamados que ante la presunta falta de espacio en servicios forenses se les trasladó a bordo de un tráiler por diversas zonas del área conurbada de Guadalajara, Jalisco, fue indignante y vulneró las prerrogativas fundamentales de las víctimas y las de sus familiares.
Frente a ello, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) expresaron su Indignación y demandaron a las autoridades correspondientes la investigación exhaustiva de los hechos “para que los responsables sean presentados ante la justicia y reciban la sanción que conforme a derecho corresponde, ya que ese caso no debe quedar en la impunidad”.
Para estas instancias de defensa de las garantías fundamentales, estos hechos representan la falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus derechos fundamentales y las de sus familiares, quienes además tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de sis parientes, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas.
“El mal manejo que se dio a los cadáveres de esas personas que aún no han sido reclamados evidencia la falta de capacitación y sensibilidad de quienes realizaron o permitieron acciones distintas a las establecidas para el manejo y preservación de restos mortales”.
Por ello, la CNDH y la CEDHJ conformaron un equipo integrado por médicos forenses, psicólogos y abogados para investigar el caso.
Agregaron que el mal manejo de los cadáveres tiene obvias consecuencias en materia de salud pública, ya que su traslado y condiciones bajo las cuales se realizaron las acciones mencionadas pueden tener efectos nocivos en la salud de los pobladores.
“Más allá de su relevancia y consecuencias en el estado de Jalisco, en opinión de la CNDH y de la CEDHJ este caso evidencia la necesidad de establecer protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país, de acuerdo con estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos, así como la importancia contar con un banco genético y de datos, y revisar el marco normativo aplicable a los cementerios y lugares de inhumación a nivel nacional, así como los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan acreedores quienes infrinjan las disposiciones”.
Destacaron la urgencia que las autoridades correspondientes cumplan con las propuestas contenidas en el Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, así como con los puntos señalados en la Recomendación General 3/2018 emitida por la CEDHJ, relacionados con inhumaciones controladas e individualizadas de los cuerpos o restos humanos que están a disposición de la autoridad ministerial, pero bajo custodia y guarda del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
En dicho documento se recomendó a la Fiscalía General de Estado y al IJCF construir o adquirir depósitos o cámaras dotados con sistemas óptimos de refrigeración para cadáveres o restos humanos que se tengan en custodia y guarda y no estén en posibilidad de ser inhumados, además de dotar de los recursos para el cumplimiento de ese punto.
Ambos organismos subrayaron que observarán con atención la evolución de los acontecimientos y el desempeño de las autoridades relacionadas con este caso, para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
