La Jornada.
Ciudad de México. El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump en el marco de su política de “tolerancia cero” es mucho mayor del admitido: según un informe publicado hoy por Amnistía Internacional, asciende a más de 6 mil en cuatro meses.
La cifra, más del doble de la que se había dado, la ha obtenido Amnistía Internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esas separaciones de más de 6 mil unidades familiares tuvieron lugar desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.
De ese número, además, están aún excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de “fraudulentas”. La cifra de familias separadas por la Administración Trump llega a 8 mil desde 2017.
“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe lleva por título “Tú no tienes ningún derecho aquí: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos”.
El documento revela además que la CPB aplicó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada oficiales a lo largo de toda la frontera con México.
Amnistía Internacional denuncia también que desde 2017, las autoridades aplican una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que supone una detención arbitraria y viola la legislación estadounidense y el derecho internacional.
“La Administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, conluyó Guevara Rosas.
Amnistía Internacional pide la implicación del Congreso estadounidense para poner fin a las prácticas que denuncia en su informe.
Trump ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su acción de Gobierno.
En abril, su fiscal general, Jeff Sessions, dio la orden de perseguir penalmente a todo migrante que cruzara ilegalmente la frontera desde México. La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar, y estos fueron separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Bautizada como “tolerancia cero”, Trump utilizó esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal. Las separaciones generaron una ola de indignación dentro y fuera del país y el mandatario acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que dispuso ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños estuvieran en prisión con sus padres.
Pero una jueza federal de Los Ángeles se lo negó. Y luego otro juez federal de California ordenó la reunificación de todas las familias.
