Proceso.
Ciudad de México. En respuesta a la incapacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia, comunidades indígenas de la entidad sometieron a juicio popular comunitario al Estado y a empresas mineras por 22 casos de violaciones a los derechos de los pueblos originarios.
Las autoridades y miembros de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, denunciaron el asesinato de personas defensoras del medio ambiente, así como la contaminación de los bienes comunes y la fractura de las instancias de organización comunitaria, como resultado de la actividad minera en el estado.
Por tal razón, acordaron declarar al estado de Oaxaca como “territorio libre de proyectos mineros” y exigir la cancelación de las concesiones y asignaciones vigentes, debido a que se otorgaron “en completa violación a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos”.
En el juicio, pueblos y comunidades presentaron evidencias sobre proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos –incluida la criminalización y la represión–, violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Actualmente se encuentran activos en Oaxaca 41 proyectos mineros que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México, aunado que la Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016, que abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas en la entidad.
Los afectados resaltaron que el juicio popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales.
Tales denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertos internacionales, donde se dio cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias y atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del Estado.
Además, se subrayó que los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas, como el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.
“Nos han dañado las parcelas”
Uno de los testimonios sobre la afectación al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.
“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca, y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo).
En tanto, habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote.
“La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente, y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.
Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, vicepresidenta de Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), e Ignacio Henríquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador.
También ante Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz) y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos, y Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.
El jurado contó con el apoyo de los peritos Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (Ceccam); Saúl Rosado Zaidi, del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (Comal) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.
Veredicto final
Entre las consideraciones del veredicto final del jurado sobresale la adopción de medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares, así como el estricto respeto de sus sistemas normativos.
De igual manera, la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos indígenas.
Y, entre otras, la derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria, además de la aprobación de una nueva ley en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
En el juicio popular que se realizó el 11 y 12 de octubre participaron 50 comunidades de las regiones de la Sierra Sur, Sierra Juárez, Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Cañada y Mixteca, así como 40 organizaciones de la sociedad civil y cuatro observadores de derechos humanos.
