La Jornada.
Ciudad de México. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que está profundamente consternada por la desprotección en que se ha dejado a la Caravana Migrante en el estado de Veracruz, ello luego de que la oferta de traslado ofrecida por el gobierno estatal, encabezado por Miguel Ángel Yunes, fue cancelada.
Esto ha derivado en la fragmentación de la caravana, cuya unidad era su principal fuente de protección, una gran parte de las personas están no localizadas.
El organismo expuso que es urgente que se aseguren las condiciones necesarias para que el contingente permanezca junto y protegido, con particular énfasis en prevenir riesgos a mujeres, embarazadas y niños.
Exhortó a que los tres niveles de gobierno ofrezcan la asistencia humanitaria y de protección que se requiere y que ésta se complemente con la brindada por instancias eclesiásticas, organizaciones civiles y la ONU. También instó a que se garantice suficiente asistencia policiaca.
Alertó que información recabada indica que los migrantes están desesperadamente subiendo en camionetas privadas, mismas que no se sabe si pertenecen o no a grupos del crimen organizado, y añadió que Veracruz es un estado en el que sin necesidad de situaciones extremas, como la actual, se reportan de manera regular secuestros y desapariciones de personas migrantes, a menudo destinados a trata de personas.
Aparte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que para garantizar la seguridad y vigilancia en las rutas por las que transita la caravana, así como trato humanitario a quienes la integran, emitió medidas cautelares a autoridades federales y de Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
Solicitó que se realicen las acciones necesarias para que el tránsito por carreteras y sitios donde se encuentren integrantes de la caravana sean seguros y se salvaguarden sus garantías individuales.
Detalló que dichas medidas fueron dirigidas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez; al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, así como a autoridades de Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
